Por: Ángel Durán
En México, la crisis de justicia es evidente y profunda; las instituciones que conforman el poder judicial, tanto a nivel federal como local, enfrentan un panorama difícil de sanear.
Los jueces, magistrados y demás operadores del sistema judicial no cuentan con las herramientas, ni el tiempo, para actualizarse conforme a las necesidades actuales, lo cual compromete gravemente la garantía de los derechos de las personas.
Este rezago no es solo un problema de capacitación, sino de infraestructura y de mentalidad institucional, que limita la capacidad del sistema para responder a los desafíos contemporáneos.
El panorama es aún más crítico en el ámbito de la justicia local, que está prácticamente paralizada.
Sin los recursos adecuados, el presupuesto destinado a estos tribunales es insuficiente y no parece haber voluntad política para invertir en su mejora.
Las salas de audiencia saturadas, la falta de personal capacitado y una carga de trabajo insostenible son solo algunos de los síntomas de un sistema colapsado que opera con mecanismos obsoletos, propios de una era pasada.
Esta inercia no solo mantiene a la justicia lejos de las personas, sino que también perpetúa la impunidad y la desconfianza en las instituciones.
Frente a este escenario, surge una oportunidad única: la incorporación de tecnología avanzada y de inteligencia artificial (IA) en el sistema de justicia.
Estos recursos, bien empleados, podrían transformar radicalmente la manera en que operan los tribunales.
La IA tiene el potencial de automatizar procesos repetitivos, agilizar la gestión de expedientes, optimizar el manejo de datos y brindar herramientas para una toma de decisiones más informada y precisa.
La digitalización de los procesos judiciales no solo modernizaría la infraestructura, sino que acercaría la justicia a la ciudadanía de manera más rápida y efectiva.
El principal obstáculo es la falta de personal capacitado y la resistencia al cambio.
Más del 60% de los funcionarios públicos del sistema de justicia necesitarían ser formados o sustituidos por profesionales que no solo comprendan el derecho, sino que también dominen las nuevas tecnologías y el uso de la inteligencia artificial.
Esta transición exige una inversión en capacitación y un cambio de mentalidad profundo dentro de las instituciones judiciales, que deben ver en la tecnología una aliada, no una amenaza.
Además, es imperativo diseñar un marco ético y legal que regule el uso de IA, para asegurar que los derechos humanos y la justicia sean siempre los principios rectores.
No hay duda de que la inteligencia artificial podría hacer los sistemas de justicia más eficientes.
La prometida reforma judicial, que busca agilizar los juicios y reducir la carga procesal, debe necesariamente incorporar estos avances tecnológicos si realmente aspira a ser efectiva.
Sin embargo, esta transformación no ocurrirá por inercia; requiere un esfuerzo concertado por parte de los actores judiciales y un compromiso firme de las autoridades para dotar al sistema de los recursos necesarios, para su implementación.
El desafío radica en encontrar y formar a las personas adecuadas, aquellas que no solo posean un profundo conocimiento del derecho, sino también habilidades tecnológicas avanzadas.
Los operadores de justicia deben estar preparados para manejar sistemas de IA, entender sus limitaciones y usarlos para maximizar la eficacia de sus funciones.
Este cambio no es opcional; es una necesidad urgente que implica, además, asignar un presupuesto significativo para la modernización del sistema judicial mexicano, garantizando así que cada tribunal cuente con personal especializado en tecnología e inteligencia artificial.
Invertir en la modernización del sistema judicial, va más allá del poder judicial; es un proyecto integral que debe incluir a todos los operadores de justicia: fiscales, peritos, policías, defensores públicos, litigantes, jueces y órganos legislativos.
La independencia de estos actores respecto a los poderes políticos, es crucial para asegurar un sistema de justicia imparcial y funcional.
Solo con un enfoque integral, que abarque la capacitación, la tecnología y la ética, lograremos un sistema de justicia robusto y eficaz.
La tecnología, en manos de expertos en IA y derecho, no solo puede salvar al sistema judicial mexicano, sino que puede transformarlo radicalmente; la tecnología en manos de que no la saben aprovechar, es una pérdida de tiempo y dinero.
Finalmente, cabe preguntarse, si los tribunales locales, -los de Colima-, ¿están preparados para esta transformación? Más vale que así sea.
Es indispensable que exista una voluntad política genuina para lograr este cambio; los poderes deben ponerse de acuerdo y comprometerse a trabajar juntos en la construcción de un sistema de justicia moderno y eficiente.
Solo así podremos superar la crisis de justicia que enfrenta nuestro país.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.