*Denuncia Bios Iguana amenazas de líder comunero e intimidación por parte de la policía
Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La asamblea de comuneros de Zacualpan, donde votarían la operación de una mina de oro y plata en la zona, fue suspendida nuevamente a falta de condiciones por la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera.
A través de un comunicado de prensa, la organización Bios Iguana, precisó que el pasado 1 de diciembre de 2013 fue suspendida una primera asamblea y se convocó a una segunda para el 2 de febrero.
Sin embargo, en la segunda convocatoria exigieron tocarse los temas de la destitución de los líderes comuneros, rechazar la operación de la mina y declarar a Zacualpan como territorio libre de minería.
“Este domingo 2 de febrero Zacualpan vivió momentos de tensión muy fuertes pues el día anterior Carlos Guzmán amenazó a través de perifoneo en la comunidad, que sólo se permitiría la entrada a la Asamblea a comuneros acreditados y que la delegada de la Procuraduría Agraria traería policía federal para detener a quienes no fueran comuneros e intentaran entrar”, dice el comunicado.
La organización ecologista informó que se hablaba de denuncias penales contra integrantes de Bios Iguana, y que la Delegada traería órdenes para su arresto “No sólo se contó con la presencia de la PGR, sino con policía municipal y del ministerio público federal que se paseaban frente a la casa de usos múltiples con sus armas largas intimidando a la población”.
Enfatizó que la gente interesada quería entrar a la Asamblea a apoyar a los comuneros para que se modificara el orden del día y el líder comunero, Carlos Guzmán, no les permitió la entrada, hasta que la gente forzó a empujones la puerta y entró.
“En otras reuniones, la misma Delegada mencionaba que las asambleas eran abiertas para toda la población que no podían ser a puerta cerrada, que no todos tendrían derecho a voto pero sí a voz, sin embargo ahora se retractó y dijo que era una Asamblea de Comuneros y que se tratarían los puntos que estaban en la convocatoria”.
Los comuneros rechazaron realizar la Asamblea si no se presentaba el punto de la destitución de autoridades y rechazo a la mina, pero la Delegada se negó “la comunera Epitacia Zamora se levantó y le dijo que ella no tenía derecho a imponer un orden del día, que la Asamblea era la que decidía”.
Una maestra le quiso entregar a la Delegada un documento referente a un contrato con la mina y ella le dijo que si no era comunera que la iba a sacar “La gente le comenzó a gritar que ella no era nadie, que ahí la autoridad máxima era la Asamblea y que ahí estaban en territorio de Zacualpan en donde ellos mandaban, y no en su oficina”.
En un momento de desesperación, continúa el comunicado, la Delegada mandó llamar a la policía federal para que retirara a los que no eran comuneros, pero los mismos comuneros le pidieron a la policía respetara la Asamblea que ellos no tenían nada que hacer ahí y tuvieron que salir.
Finalmente decidieron suspender la asamblea por falta de condiciones, pero los comuneros accedieron únicamente con la condición de que la siguiente convocatoria trajera exclusivamente los puntos de destitución del comisariado y No a la Mina, lo que la Delegada aceptó.
“Premeditadamente Carlos Guzmán no llevó el libro de Actas y esa Acta no se realizó por lo que quedaron sin ningún acuerdo por escrito, los hechos acontecidos.
Mientras tanto afuera los hijos de Carlos Guzmán provocaban y amenazaban a integrantes de Bios Iguana de sacarlos a golpes si no se iban de la comunidad”.
La organización denunció que es evidente el interés institucional de la delegada de la procuraduría agraria María Elena Díaz de querer imponer su voluntad personal al conjunto de comuneros “de manera arbitraria, autoritaria, grosera, usar recursos públicos y el uso de la fuerza pública federal a su discrecionalidad, para intentar imponer a una comunidad indígena que goza de capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones”.
La Delegada de la procuraduría agraria quiere imponer la depuración del padrón de comuneros y el cambio de régimen de propiedad ejidal como condición de cambio de autoridades comunales, siendo ilegal este procedimiento.