*La situación económica del IEE preocupa al INE; “el Instituto Electoral de Colima enfrenta una asfixia presupuestal”, señala el INE en su informe.
Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) no ha obtenido respuesta del Gobierno Estatal a su petición de contar con una ampliación presupuestal de aproximadamente 48 millones de pesos para ser aplicados en el Proceso Electoral Extraordinario 2025 del Poder Judicial del Estado.
En tanto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) manifestó su preocupación y dijo que en Colima como en otras entidades “se prenden los focos rojos rumbo a los comicios judiciales”.
Es de señalar que el primer domingo de junio de 2025, en Colima se llevará a cabo una elección extraordinaria, concurrente con la elección federal, en la que se habrá de elegir 5 magistradas y 5 magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; y la totalidad de juezas y jueces de primera instancia del Poder Judicial en el Estado, que es de 31.
Como parte de las actividades, el Instituto requerirán recursos financieros para emprender múltiples acciones, entre ellas la elaboración de las boletas y documentación electoral; la contratación de Supervisores Electorales Locales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales; trabajos preparatorios y relativos al voto anticipado; la instrumentación, operación y funcionamiento del Sistema de Cómputo Abierto; la preparación y realización de debates entre las y los aspirantes a los diferentes puestos de elección; el monitoreo de programas de radio y televisión que difundan noticias durante las campañas electorales.
También se requieren recursos para la impresión y adquisición de documentación y materiales electorales, así como de los manuales para la observación electoral, para las y los funcionarios de casilla respecto a las elecciones locales; adecuación y avituallamiento de bodegas electorales que se encuentran en cada uno de los Consejos Municipales Electorales; seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral del primero de junio de 2025.
Derivado de lo anterior, el Instituto aprobó el proyecto de presupuesto para llevar a buen término el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Colima 2025, con la cantidad de 48 millones 149 mil 630 pesos, para afrontar la organización y vigilancia de la elección extraordinaria con los estándares de eficiencia y eficacia que la sociedad colimense demanda, cumpliendo con los principios establecidos en la normatividad de la administración de recursos públicos.
“Sin embargo es fecha en que el Gobierno del Estado no ha aprobado otorgar dicho presupuesto al IEE”.
Pese a ello, y en espera de una respuesta a la petición, el Instituto Electoral del Estado avanza con los trabajos de cara a las elecciones del domingo 1 de junio.
PREOCUPA AL INE
En tanto, el Instituto Nacional Electoral manifestó su preocupación por la falta de recursos económicos del Instituto Electoral del Estado de Colima para la elección de juzgadores a nivel local.
El Instituto Electoral de Colima “enfrenta una asfixia presupuestal”, en diversos niveles, “que pondrían en riesgo los comicios”, dice el Informe del INE.
En las mismas condiciones que Colima, se encuentran los organismos públicos locales electorales de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas enfrentarán recortes de entre 68.92% y 53.9%, “lo que prende los focos rojos rumbo a los comicios judiciales”.
En tanto, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz sufrieron una disminución presupuestal de menos de 30% que afectaría su desempeño, por lo que al menos cuatro de estas entidades ya solicitaron una extensión en sus recursos, la cual aún no les ha sido otorgada.
Al respecto, el consejero electoral Martín Faz, presidente de la comisión de Vinculación con los OPLE, presentó ante el Consejo General del INE un documento sobre la Situación Financiera que Guardan los OPLE, explicando que este “patrón” de recortes ha ido en aumento, con cada vez más porcentaje de afectación a esos organismos.
Tanto 16 órganos autónomos electorales entidades del país, como el INE, enfrentarán el reto de organizar las elecciones del 1 de junio al enfrentar recortes presupuestales.
Los organismos públicos locales electorales de Colima, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas enfrentarán recortes de entre 68.92% y 53.9%, lo que prende los focos rojos rumbo a los comicios judiciales.
En dicho informe se señala que este “patrón” de recortes no sólo no se ha revertido, sino que ha ido en aumento en el porcentaje de afectación a esos organismos.
Recordó que empezó con un recorte al Instituto Electoral de Colima, del 48% en 2021, mientras en 2022 aumentaron las entidades y los porcentajes, llegando a 65% en el mismo estado y en Guerrero; en 2023 y 2024 se vieron casos de recortes del 70-75%, y en Puebla, incluso, del 90 por ciento.
Martín Faz comentó que “lo que sí podemos observar pues es un patrón de asfixia presupuestal a los organismos públicos que, además de los recortes que en sí mismo lo es, también hay otras prácticas como el del no otorgarles a tiempo el recurso”.
“Hasta el momento no ha habido, no se ha suspendido ninguna elección por algún recorte de esta naturaleza, pero sí se ha trabajado bajo estrés institucionales”.
Otra afectación importante fue en Durango, donde el gobierno se comprometió a pagar la impresión de las boletas, pero se tardó dos años en hacerlo, por lo que, en la siguiente elección, ninguna empresa dedicada a las impresiones quería aceptar el contrato para ese tema.
Los Tribunales locales han tenido que sentenciar que se deben dar recursos a los Oples para imprimir boletas en elecciones extraordinarias, como en el caso de Colima, que, el año pasado, el Tribunal local, tuvo que ordenar la entrega de 2.5 millones para el caso.
Al reconocer que hay problemas en las finanzas públicas de gobiernos locales y federales, el consejero Faz también subrayó que los recursos de ningún Instituto Electoral rebasan el 1% del presupuesto total de los estados por lo que no se puede considerar que sean “una carga fiscal o una carga económica grave”, por lo que “hay que decirlo, si hay, creo, un intento de presión a las autoridades” y de afectar la autonomía financiera porque “el estarte negando recursos para algo pues te limitan las posibilidades o te condicionan” según el interés del gobierno en turno por la elección o por una consulta popular.