Por: Ángel Durán.
Es la tercera vez, que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, queda mal con la comunidad jurídica colimense, queda mal con las partes que están inmiscuidas en procesos legales y queda mal también, con la sociedad y sobre todo, comete una grave violación a derechos humanos, principalmente el de acceso de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución.
El presidente Bernardo Salazar, en reunión pública ante organizaciones de abogados, celebrada hace poco más de un mes, se comprometió, por tercera vez, a que, el 1º. de junio de 2021, la comunidad jurídica, o sea los litigantes, ya contarían con la posibilidad de presentar demandas y notificarse en línea.
Anteriormente, ya había quedado mal con este mismo compromiso, pues en el mes de febrero de este año, se había comprometido a lo mismo, al decir que, una semana antes de semana Santa, ya se contaría con este servicio digital.
Tanto, en aquel momento, como ahora que ya es 2 de junio, no existe tal posibilidad de tramitar los juicios en línea; las razones de comprometerse, no tiene sentido, sobre todo, porque esos compromisos los ha adquirido él, con las organizaciones de abogadas y abogados, qué necesidad hay de decirlo, cuando él sabe, que no lo va cumplir, es algo incomprensible, a menos que sea únicamente para ir dando atole con el dedo como comúnmente se dice, y ganar tiempo.
Ese es el grave problema que se tiene hoy, en el sistema de justicia local, los compromisos por parte, tanto del presidente, como de todos los magistrados que integran el pleno, el poder judicial, están retando a la comunidad jurídica.
El colapso judicial se ha anunciado desde hace años, no está funcionando y difícilmente lograrán un avance, solamente en la mente de algunos integrantes del pleno, cuando acuden a eventos, refieren que, “siguen trabajando arduamente”, creo que la sociedad y la comunidad jurídica, no se merece este tipo de conformación de instituciones, tiene que analizarse y en su caso cambiar a sus integrantes de ser necesario.
La necesidad más importante en estos momentos, es contar cuando menos, con la posibilidad de que la comunidad jurídica de litigantes, puedan acceder al expediente digital, que presenten sus demandas en línea, que los servidores públicos de los tribunales, se les capacite en esta nueva modalidad y acuerden de inmediato, que notifiquen a las partes por la misma vía, y que los problemas judiciales se resuelvan en los plazos y términos que establece la ley, que no haya rezago, que no haya atrasos injustificados, que haya armonía entre el personal de tecnología del propio poder judicial y todo el personal de los tribunales.
Lo citado es fundamental, para que funcione el expediente en línea; ojalá se haga lo más rápido posible, pero aquí más bien, ya apelamos a los otros dos poderes del Estado y para que, con las facultades que la misma constitución establece, sean éstos, como órganos de equilibrio del poder absoluto del Estado, que logren, la funcionalidad efectiva del poder judicial local, porque actualmente, ni el presidente, ni los magistrados y magistradas que lo integran, pueden resolver la grave problemática de la disfuncionalidad del sistema de justicia.
Contar con la posibilidad, de poder presentar la demanda y darle seguimiento al expediente línea, recibir las notificaciones bajo esta misma forma, trae beneficios importantes en el avance significativo del expediente judicial, por principio de cuentas, ya no importa en qué estado de la República o de nuestra misma entidad federativa estés, ya podrías acceder a la justicia, sin importar los tiempos y distancia, te alejes de cualquier acto o insinuación por corrupción, en otros casos y de manera muy rápida, el personal, incluyendo jueces y magistrados de los daría mejores resultados, porque ya no lo distraen los y las litigantes, de cierta manera, están libres y tienen más tiempos de dedicarse al expediente, acordar y dictar sentencias, de inmediato entraríamos a las audiencias en línea, evitaríamos el tránsito de personas en los propios tribunales y esto ayudaría, sobre todo, a acercar la justicia a la ciudadanía; por esos importante que estos compromisos del poder judicial se cumplan.
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