TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Si hay un problema ancestral en México que afecta los derechos humanos es el de la sobre población en los penales donde conviven criminales de la más alta peligrosidad con hombres, niños y mujeres muy jóvenes que se ven inmersos en esa relación compleja e inmerecida y quienes ya al final de la condena correspondiente, logran “valiosas enseñanzas” que una mayoría aplica adentro y afuera pues ahí muchos aprenden a refinar la ilicitud.
Es una pena lo que en ellas ocurre. A menudo, se suceden matanzas por hacerse de los controles internos, y desde luego que no son raros los ajustes de cuentas entre bandas provenientes de las filas del crimen organizado. Y para colmo, ya llegó el coronavirus a un penal del Estado de México con su poderosa carga infecciosa. Están en peligro unos 200 mil reos ante la pandemia.
En las cárceles, las autoridades no han podido evitar el uso de armas ni de celulares, instrumentos que mucho ayuda a seguir delinquiendo; se comprueba muy seguido que gran parte de los secuestros y otros delitos se planean precisamente desde ahí. Y todo mundo sabe que el Estado no ha podido o ha renunciado de antemano a llevar un control sobre la vida de aquellas personas que habiendo cumplido condena se insertan nuevamente en la sociedad y no se sabe si ya fuera perseveran en lo positivo o son incapaces de reinsertarse y optar por seguir los caminos de antaño.
El problema carcelario es crítico y no es solo en México. En todo el mundo hay millones de personas enclaustradas porque no supieron vivir en sociedad. Hay infinidad de víctimas de los sistemas económicos y un fracaso generado en los hogares, donde no hubo claridad en el cometido que ha de seguir cada familia. En estos días, con motivo de la pandemia, la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación porque puede generarse en las cárceles un gran contagio debido principalmente a que la mayoría de cárceles están saturadas y sin servicios suficientes y los reos no guardan los cuidados necesarios por falta de educación y conocimiento de riesgos. Por lo pronto, el gobierno turco se ha adelantado y ha dejado salir a 90 mil presos por temor a que pierdan la vida por el coronavirus.
La exhortación de la Alta Comisionada es para que los gobiernos trabajen para reducir la cantidad de detenidos, “liberando por ejemplo a los reclusos de mayor edad y a aquellos que están enfermos, así como a los que presentan un riesgo menor”.
Y es que la pandemia ha comenzado a golpear las prisiones y los centros de detención de inmigrantes, al igual que los hospitales psiquiátricos y “amenaza con provocar una devastación entre esas personas en extremo vulnerables”. Súmese a ello el que la famosa sana distancia, por cuestiones de hacinamiento, no opera en esos lugares. En un solo cuarto conviven hasta cuatro reos.
Es tiempo que el Estado mexicano se apiade y exhiba su perfil humanitario, que procese con inteligencia y máximo interés este tema que puede generar miles contagios y muertes. Ha de continuar con la actividad de los abogados del gobierno en una estrategia razonable, justa y humana acerca de las personas que pueden egresar de las cárceles porque es posible que habría muchos que han cumplido con el castigo impuesto.
Un dato al respecto: En la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ordenó la aplicación de un programa, Liberación Humanitaria, que comprende el análisis de casos especiales vinculados a mujeres en situación de vulnerabilidad que están cumpliendo condena en las distintas cárceles para aclarar una situación posiblemente favorable que les permita obtener su libertad cumpliendo ciertos requisitos de ley. Buena acción esta del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque se ocupa y se preocupa de la condición de personas necesitadas y que en su mayoría son víctimas cruciales del abandono familiar y del propio Estado.
Sheinbaum está gobernando con un sentido humanista la ciudad, sin estridencias, sin demagogia, con sencillez y llamándole a las cosas por su nombre. Si bien en algunos aspectos de la vida de la ciudad hay rezagos, no puede negarse su actuación madura y su preocupación por los derechos humanos.
En cuanto a Colima, estoy seguro que de proponérselo, los abogados del gobierno de Colima encontrarían casos numerosos de personas presas en condición propicia de obtener su libertad. La pandemia del coronavirus los tendría que obligar a hacer algo importante para poner a salvo a las que por su edad o por padecer alguna enfermedad crónica o estar casi a punto de cumplir su pena, o que tengan hijos pequeños, puedan ser favorecidas con libertad anticipada.
Es tiempo de hacer la justicia en los casos que lo merezcan. Siempre habrá manera de aplicar la ley con sentido humanitario, salvaguardando el bien común. Así, como lo hace la jefa de la ciudad de México.