El senador David Monreal, impulsor de la solicitud, señaló que varios defensores de derechos humanos han expresado su temor de que se desate una “oleada de ejecuciones” de mexicanos en Estados Unidos, aunque no precisó en qué se basa dicha preocupación.
La petición tiene como objetivo conocer la situación de mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y fortalecer la asesoría legal a dichos ciudadanos durante el proceso judicial y evitar así que se les violen sus derechos humanos y sean condenados a pena capital.
Al cumplirse 9 años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó a Estados Unidos revisar los casos de 50 mexicanos condenados a muerte sin que ello se tradujera en cambio de las condiciones legales de la mayor parte de ese grupo, “resulta conveniente” conocer su situación y la de otros condenados a la pena capital, señala el acuerdo.
La CIJ consideró en dicho fallo que Estados Unidos incumplió en esos casos el artículo 36 de la Convención de Viena, que obliga a notificar a los extranjeros detenidos de su derecho a recibir asistencia consular.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) daba cuenta que hasta 2011 había 58 mexicanos condenados a la pena de muerte en prisiones de Estados Unidos, de los cuales 39 forman parte del caso Avena, pero se desconoce si dicha cifra ha aumentado.
Desde 1926 a la fecha, 10 mexicanos han recibido la pena capital; el primero fue Agapito Rueda, quien murió en la silla eléctrica en El Paso, Texas, el 1 de noviembre de ese año y el último, Humberto Leal García, quien falleció el 7 de julio de 2012 en una prisión de Texas tras recibir una inyección letal.
Según un informe de Amnistía Internacional de 2011, Estados Unidos, Arabia Saudí y China son los únicos países del Grupo de los Veinte (G20) que contemplan la pena de muerte como castigo ejemplar.
De las 626 ejecuciones registradas en el mundo en ese año, 43 se llevaron a cabo en Estados Unidos, donde además se establecieron 78 nuevas condenas.
En el país vecino solo 17 entidades han abolido la pena capital, la última que se sumó al grupo fue Connecticut en abril de 2012. Maryland está a punto de prohibirla, una vez que el gobernador promulgue la iniciativa aprobada por el legislativo estatal.
Fuente: EL INFORMADOR