*Hasta el 26 de abril, la CDHEC tiene 161 expedientes de queja abierta, donde las autoridades más señaladas han sido la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Al cumplirse tres meses de la riña registrada en el interior del Centro de Reinserción Social (el 25 de enero del presente año) que dejó como saldo 9 muertos y 8 heridos y que fue la causa de inicio de la ola de violencia que se vive en Colima, “aún continúan las investigaciones” de parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, en tanto que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima “no ha cerrado la carpeta de averiguación y sigue en su integración”, informó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, Roberto Ramírez.
El Ombudsman colimense dio a conocer que la Comisión a su cargo “ha seguido trabajando en la acreditación de las personalidades de las víctimas indirectas, esto es, los familiares. Se tiene que detallar cuál fue el móvil del suceso para determinar las responsabilidades lo más directo posible, esto es, las fallas de los servidores públicos y sobre todo en la totalidad de las instalaciones señalar cuáles pudieron ser fallas que dieron lugar a que hubiera armas al interior”.
Roberto Ramírez reconoció que la carpeta no se ha terminado de integrar, “porque tienen que estar a detalle los señalamientos que se hacen de la misma, pero les adelanto, va a ser una recomendación, porque fueron evidentes las violaciones a los derechos humanos, de manera particular la violación al derecho humano a la vida”.
Dijo que, al momento de emitirla, no solamente es señalar qué violaciones a los derechos humanos hubo, sino de manera particular (mencionar), cuáles fueron las responsabilidades directas que derivan de la ésta”.
Afirmó que si bien al parecer la riña en donde perdieron la vida nueve internos, fue entre dos grupos antagónicos, “ya la responsabilidad directa corresponderá dar respuesta a las autoridades de seguridad y de la Fiscalía General del Estado”.
“En los hechos, desde luego que sí hay responsabilidad de las autoridades del Cereso, porque todas las personas que se encuentran privadas de su libertad, están bajo el resguardo del Estado y es responsabilidad de todas las autoridades de la línea jerárquica que exista al respecto, él resguardar y garantizar la integridad física, la salud y la vida de todas las personas que se encuentran internas en todos los centros de reinserción social”.
Negó que las averiguaciones vayan lentas, a tres meses de que se registraron los hechos.
“Continúa integrándose la carpeta, al grado que todavía continúan ejecutándose algunas acciones, mismas que derivaron de la medida cautelar. Cuando sucedieron los hechos, la Comisión de Derechos Humanos de inmediato entramos en acción y giramos instrucciones al personal para que se apostara en los diferentes hospitales, en las afueras del centro de reinserción social, emitimos de manera inmediata una medida cautelar que fue atendida por la autoridad y que hasta la fecha se siguen atendiendo esas recomendaciones, como fue la clasificación de los internos a los que consideraban en ese momento en riesgo, para recuperar el control del centro de reinserción social y trasladarlos al Cereso de Manzanillo”.
Agregó que las inspecciones que hicieron para incautar armas, fueron derivadas de la misma medida cautelar que llevó a cabo la Comisión de Derechos Humanos del estado.
Por último, informó que hasta el 26 de abril, la CDHEC tiene 161 expedientes de queja abierta, donde las autoridades más señaladas han sido la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).