CN COLIMANOTICIAS
México.- Lejos de hallar solución, los problemas generados por el despido de trabajadores del sector cultural y la incertidumbre a la cual están sometidos los contratados por honorarios y en el capítulo 3000, existe el temor de que a mediados de este 2019 haya un nuevo recorte de personal.
De acuerdo con una publicación de PROCESO, ello podría desencadenar una serie de demandas, y su costo sería mayor que el ahorro pretendido por el actual gobierno.
Entrevistados por separado por Proceso, Antonio Hernández Brito, excoordinador nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura (SC), y Joel Santos, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hablan de este complejo problema que se remonta prácticamente a la creación del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
El fundador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu), Eduardo Cruz Vázquez, advirtió en septiembre de 2014 en estas páginas (Proceso 1975) que la situación laboral se había convertido en una “bomba de tiempo”, pues había gente trabajando “incluso antes de la creación del Consejo” que llegaría a la edad de jubilación sin derecho a pensionarse:
“En este momento, el Conaculta está enfrentando ya diversos juicios en los cuales muchos trabajadores que durante veinte o veinticinco años han laborado y cobrado por honorarios, demandan ser reconocidos como trabajadores y, por lo tanto, tener acceso a una jubilación. Es un tema límite en el cual sólo una reforma cultural puede resolver el desorden acumulado en 25 años.”
Las condiciones empeoraron cuando a buena parte de los contratados por honorarios, asignados al llamado capítulo 1000, se les rescindió su contrato, y con la promesa de mejores sueldos se les empleó a través del capítulo 3000, que ni siquiera está en el rubro de recursos humanos sino en recursos materiales; laboran como prestadores de servicios, sin prestaciones sociales de ningún tipo, entre ellas el servicio médico.
Con una carrera en el área laboral que se origina en la ahora desaparecida Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública, el Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la SC, Hernández Brito explica que en el gobierno federal hay trabajadores de base y de confianza, cuyos salarios deben garantizarse en el presupuesto anual. En el gobierno de Vicente Fox se emitió un decreto para no crear nuevas plazas de base. Sin embargo, las necesidades de las dependencias gubernamentales obligaron a contratar por honorarios.
Cultura no fue la excepción. En los institutos INAH e INBA, cuenta, se creó incluso una estructura casi paralela pues el número de trabajadores de honorarios era similar al de base, y se les otorgó derecho al servicio médico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque no podían acumular antigüedad.
Sucedió que, cuando se les rescindía el contrato, acudían a los tribunales donde lograron que los juzgadores les reconocieran derechos como de base. En varias ocasiones se sentenció: “reinstálalo y dale su plaza”. Añade que se empezó a generar una cultura de la demanda laboral, por lo cual las autoridades decidieron no registrarlos ante el ISSSTE “porque constituía elemento de prueba” de la relación laboral.
Es así como se cambió a buena parte de los trabajadores de honorarios, que eran de servicios profesionales, al capítulo 3000, y su situación laboral se hizo más precaria: quedaron fuera del amparo de la Ley Federal del Trabajo, se les negó el registro en el ISSSTE, sus contratos anuales no fueron de enero a diciembre –para evitar continuidad y no crear vínculos se les dan de marzo a noviembre aunque siguen trabajando diciembre, enero y febrero– y sus pagos se retrasaron, lo cual dio origen a los movimientos #YaPágameINBA y #YaPágameINAH, de los cuales se ha dado cuenta en la agencia apro.
Hace un año, a través de una carta enviada a dicha agencia, trabajadores del INBA denunciaron que ese tipo de contratación afectaba a curadores, investigadores, administradores, historiadores, museógrafos, educadores, artistas, restauradores, pedagogos, comunicólogos, diseñadores, periodistas, actores y gestores culturales, entre otros profesionistas. En el INAH son también ese tipo de trabajadores, más antropólogos, sociólogos, arqueólogos, arquitectos, entre otros investigadores.
Se deploró que, siendo los responsables de la investigación, salvaguarda y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación, recibieran ese trato.
El arquitecto Manel Figueroa Matus indicó entonces que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dicta las disposiciones y “con el argumento de falta de recursos, la Secretaría de Cultura las ha seguido a pie juntillas… carece de capacidad de gestión, se pliega fácilmente a Hacienda”. Añadió que había arqueólogos y arquitectos responsables del patrimonio arqueológico e histórico con más de 15 años trabajando en esas condiciones.
En los medios se consignaron casos como el del técnico especialista Tomás Cruz, quien participó en la excavación de la Coyolxauhqui en 1978, y desde entonces sigue, con esas condiciones, en el Proyecto del Templo Mayor, dirigido por el arqueólogo Leonardo López Luján, quien cuenta con plaza, y se ha manifestado públicamente por la regularización de las condiciones laborales de su equipo de colaboradores.
Promesas de campaña
El 14 de mayo de 2018, durante el “Diálogo por la Reforma Cultural” en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en campaña por la presidencia y siendo representantes de los entonces candidatos Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, Consuelo Sáizar y Alejandra Frausto, ahora titular de la SC, coincidieron en la necesidad de garantizar los derechos culturales y laborales del sector.
El gran problema, dijo Sáizar, es la reducción presupuestal, cuando es mayor el presupuesto “los trabajadores reciben de mejor manera su salario”. Por ello se debería luchar para que museos y zonas arqueológicas estuviesen mejor resguardadas y cuidadas. Si bien en su paso por el Conaculta no resolvió el problema que venía de tiempo atrás, añadió:
“La cultura requiere de inversión para ser productiva y requiere de trabajadores bien pagados para que hagan bien su trabajo… (Ahí están) muchos de los mejores mexicanos que en ocasiones reciben tarde su salario.”
Frausto dijo coincidir y reconoció en el INAH a “una gran institución, ejemplar en el mundo”, y en los trabajadores de cultura “una experiencia acumulada”. En entrevista con Proceso unos días antes del Diálogo, afirmó que había que tratarlos “con enorme dignidad y respeto”.
Pero a principios de año, con un recorte presupuestal para cultura del 6% (más de 500 millones de pesos que finalmente se recuperaron y se destinarán a proyectos de los estados) con respecto al 2018, se anunció un programa de austeridad y, en consonancia, el recorte de personal. Empleados de instancias como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Biblioteca Vasconcelos, INAH e INBA denunciaron despidos masivos.
Sin ofrecer cifras, pues el jefe de Administración y Finanzas de la SC, Omar Monroy, admitió en rueda de prensa no tener la cifra total de empleados de 2018 y de 2019, las autoridades negaron los despidos masivos, se expuso que en algunos casos se terminó el contrato y no se renovó más, en otros había duplicidad de funciones, altos sueltos o se prescindió de asesores y asistentes “del asistente”. Aseveró que INAH e INBA tienen un déficit de pago por servicios personales y prestaciones de casi 600 millones de pesos.
Separado de su cargo en diciembre pasado, tras lo cual presentó una demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ser restituido en su puesto, Hernández Brito afirma que, aunque los contratos terminan cada noviembre o diciembre, los trabajadores de los capítulos 1000 y 3000 pueden acreditar una relación laboral y si se deciden a demandar “van a ganar”.
Primero porque han sido contratados sistemáticamente por años. Es claro, dice Hernández Brito, que a los empleados se les asigna una función permanente, la misma cada año, muchos cumplen horarios fijos, están subordinados a un jefe o en casos contrarios son jefes y tienen a su cargo personal y se les da una oficina:
“Son características que la propia ley requiere para que se considere una relación laboral, y con la cultura de la demanda que se ha generalizado, si una promotora cultural –por ejemplo– realizaba funciones permanentes, con horario, recibía órdenes de un jefe, o sea, había una subordinación, presentaba informes mensuales de actividades, etcétera, acredita en el tribunal la relación.
“Se debe analizar cada caso, pero hay gentes que han venido trabajando desde hace diez o quince años, contratados por servicios profesionales, como los arqueólogos en el INAH, no se puede decir que se terminó su contrato y adiós y además que no los estoy despidiendo, evidentemente van a acreditar que hace quince años trabajan en esas condiciones.”
En opinión de Hernández Brito la actual administración está violentando los derechos laborales, pues ha despedido a mucha gente en diversas áreas: de servicio profesional de carrera, es decir funcionarios que concursaron y ganaron una plaza; trabajadores de confianza del capítulo 1000, que realizan labores de base; y del capítulo 3000. Considera que la SC (las secretarías de Estado en general) debería hacer un diagnóstico caso por caso para hacer una propuesta a la SHCP y ésta a la Cámara de Diputados, para que en el proyecto de presupuesto de 2020 se contemple la solución y se creen las plazas para la gente que ha trabajado por tantos años en la precariedad. Se podría plantear un programa de retiro voluntario a quienes no se han jubilado por los bajos montos de las pensiones y así liberar otras plazas.
Marasmo de cifras
Según cifras proporcionadas por Hernández Brito, dentro del capítulo 3000 el INAH tiene 1750 trabajadores, el INBA 800 y la SC mil. Alejandra López, del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del INBA, afirma que había 2200 contratados en el instituto y 1850 fueron despedidos.
El arqueólogo Joel Santos explica vía telefónica que la situación se agravó. A finales del año pasado se presentó una propuesta a las autoridades del INAH y se acordó que gente del 3000 pasara al 1000 como eventual, “inclusive lo hablamos con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien estuvo en esa etapa en la Comisión de Presupuesto, y hubo coincidencia en que era el camino para el reconocimiento al personal de investigación”.
Sin embargo, surgió un problema porque se requieren 360 millones de pesos para pagar a los eventuales, y se autorizaron únicamente 53 millones, lo cual sólo alcanzó para que el INAH operara dos meses. En 2018 se autorizaron 64 millones de pesos, pero el instituto cubrió los sueldos con los recursos autogenerados por las zonas arqueológicas y museos. Y hasta el momento Hacienda no ha autorizado esos recursos para 2019.
“Una gran cantidad de especialistas de las áreas sustantivas en investigación, monumentos, conservación y restauración, y docencia están en la incertidumbre. Eso está generando una crisis institucional. Somos alrededor de 880 investigadores de base (en 1982 eran mil 120), la otra parte, la gran mayoría, son eventuales y del capítulo 3000. El instituto tiene que contratar en ese capítulo porque no hay manera de desarrollar los proyectos.”
Desconoce cuántos compañeros siguen trabajando en el 3000 porque desde noviembre pasado muchos no fueron contratados. Otros siguieron laborando con la promesa de que se les pagará en forma retroactiva. En cambio, los del capítulo 1000 recibieron sus primeros pagos de los 53 millones de pesos, “pero llegado el momento, si Hacienda no autoriza los autogenerados, habrá un grave problema”.
El titular del INAH, Diego Prieto, como el resto de los funcionarios de Cultura, ha afirmado que no son despidos “masivos”. La pregunta es a partir de qué cifra se puede hablar de “masivo” pues no se ha informado tampoco cuántos son los despedidos.
“Nosotros fuimos muy sensibles con la situación del capítulo 1000 –agrega Santos– y presentamos un proyecto a la secretaria Alejandra Frausto en una reunión con los sindicatos del sector. Personalmente le pedí una moratoria para no despedir a los de honorarios, pero no fue posible porque hubo un ajuste… bueno, las autoridades le llaman ajuste, en realidad fueron despidos, y a otros compañeros se les bajó el sueldo, se habló de un 20% de reducción en todo el país. La situación parece que no para ahí porque tenemos conocimiento de que en el segundo semestre habrá otro ajuste del 20%.”
–¿Más despidos?
–Sí, exactamente. Lo cual, lo digo con toda sinceridad, está haciendo inoperante al INAH donde hemos padecido una austeridad en las últimas décadas, pero este año en particular pasamos de una austeridad franciscana a una sobre austeridad. Es muy delicado, porque no afecta solamente a los compañeros que dejan de ser contratados o se les descuenta su sueldo, afecta a todos los investigadores, nos deja sin la posibilidad de hacer investigaciones, de continuar con la protección, difusión y conservación de los acervos históricos y arqueológicos.
Se le pregunta cuántos trabajadores tienen contabilizados en el capítulo 3000. Indica que el año pasado hicieron una estimación de mil 200, la autoridad los descalificó al decir que sólo 600, luego que 900 y la última versión del secretario administrativo fue de mil 200.
“¿Por fin?”, cuestiona.
El investigador lamenta que el problema se agravara justo cuando el INAH está celebrando 80 años de existencia. No ve voluntad ni interés por parte de Frausto en dar seguimiento a la reunión pasada:
“Es la percepción que tenemos los sindicatos. La última vez que nos atendió fue en bloque en las oficinas de Arenal, con cinco minutos para cada secretario o representante, un formato que no funciona. Ese tipo de cosas son simulaciones, nosotros hemos querido acercarnos a platicar, pero es evidente que la política actual da preferencia a los empresarios, a la gente del capital. López Obrador no se ha reunido con ningún sindicato, gremio o representante de los trabajadores de las instituciones públicas, pero sí con empresarios, y es una práctica que reproducen el resto de los funcionarios del actual gobierno.”
A la reunión citada, realizada el 18 de enero pasado asistieron, entre otros representantes sindicales, Francisco Chavero, de Grupos Artísticos; Jaime Durán, de Trabajadores Académicos e Investigadores, ambos del INBA; Rocío Álvarez Lorenzana, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la SC; y Alejandro Villalobos Pérez, representante de los Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la SC-INAH.
En el marco del aniversario, en febrero pasado, la Asamblea General del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH publicó e hizo llegar al presidente de la República un desplegado en el cual le cuestiona no haber hecho ninguna mención pública sobre el aniversario del INAH, y le señalan:
“…la gestión de usted ha recibido una institución esencial para el país, por la transdisciplinariedad de sus objetos de estudio, por la interdisciplinariedad de sus prácticas de investigación y por la multiprofesionalidad de sus equipos de trabajo. Por ello, la mejor manera de celebrar hoy su ochenta aniversario, la manera más digna de honrarlo es asegurando su futuro y no evadiendo sus problemas y retos actuales.”
Y agregan:
“Quizás hasta antes de hoy usted desconocía los problemas y retos a los que nos enfrentamos… Y es precisamente en este 80 aniversario del INAH que todos sus trabajadores, incluidos quienes nos dedicamos a la investigación científica y la docencia, de base y eventuales, volvemos a hacernos visibles, de pie y con orgullo, para mantener viva esta institución y enriquecerla. Por todo ello, demandamos una respuesta puntual a todos y cada uno de nuestros planteamientos, tal como nos lo garantiza el Artículo 8 Constitucional.”