Por: Ángel Durán
II PARTE
En la primera parte de esta columna, señalé una cruda realidad: el sistema judicial de Colima falla gravemente a la niñez en juicios familiares.
Hoy, abordamos cómo el Estado debe garantizar los derechos de la familia y, especialmente, de niñas, niños y adolescentes, frente a un sistema institucional descoordinado que agrava esta crisis.
No basta con denunciarlo; urge proponer soluciones concretas.
Colima cuenta con juzgados familiares, el Centro de Justicia para la Mujer —donde se gestionan convivencias—, una policía encargada de ejecutar órdenes de restricción, un juzgado especializado en medidas de protección contra violencia intrafamiliar y un Ministerio Público que atiende denuncias por maltrato o incumplimiento de pensiones alimenticias.
Sin embargo, estas instancias operan de forma aislada, con escasa eficacia y sin priorizar a la niñez.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes exige que su protección sea el eje de toda actuación, pero en la práctica, esto es letra muerta.
La solución radica en la coordinación efectiva.
Cuando una autoridad —juez, Ministerio Público, DIF o cualquier otra— detecte una violación a los derechos de la niñez o la familia, debe actuar de inmediato, notificando a las demás instancias y monitoreando el caso con apoyo de asociaciones civiles. “Inmediato” significa intervenir sin demora ante cualquier riesgo, activando el sistema para neutralizar amenazas, priorizando la protección de las víctimas y asegurando una investigación rigurosa que evite movilizaciones innecesarias por denuncias falsas.
El Estado no puede permitirse ser engañado ni dejar desprotegidos a los menores; debe actuar preventivamente y neutralizar cualquier peligro.
Los jueces familiares tienen un rol crucial: priorizar la protección de los menores, emitiendo medidas de restricción si los padres obstaculizan su desarrollo integral.
No basta con emitir resoluciones; deben garantizar su cumplimiento, recurriendo a sanciones o incentivos legales.
El rencor entre padres agrava la situación: algunos evaden pensiones alimenticias con excusas como falta de ingresos o acusaciones infundadas contra la madre, privando a los menores de derechos esenciales.
Los jueces deben ser sensibles a estas dinámicas, evitando que conflictos adultos dañen a la niñez.
El Poder Judicial, en su conjunto, debe supervisar que sus juzgadores actúen con perspectiva humanista.
Urge crear una comisión especial que analice expedientes con menores involucrados.
Con apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta instancia debe documentar las violaciones sistemáticas a los derechos de la infancia y proponer al Poder Judicial una reestructuración para protegerlos.
Los casos evidencian impunidad: acuerdos tardíos, convivencias inadecuadas y pensiones insuficientes perpetúan el daño psicológico.
El tribunal superior no ha actuado, y el letargo institucional cobra un alto costo.
Esta crisis no es nueva; columnistas y afectados la han denunciado por años, pero el sistema permanece inmune.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben intervenir, sensibilizando a las autoridades y exigiendo resultados.
Sin una justicia coordinada y humanista, los daños serán irreversibles, afectando a las nuevas generaciones y al tejido social de Colima.
La niñez no tiene voz, pero nosotros sí. Es momento de actuar.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.