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México.- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá declarar que la prisión preventiva de oficio sí puede terminar luego de que exceda los dos años de duración y ser sustituida por otra medida.
“El resultado de comprobar lo anterior será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal”, señala el proyecto.
La prisión preventiva de oficio es aquella que se impone cuando se imputa alguno de los delitos previstos en el artículo 19 constitucional, como delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, violación, trata de personas, delitos contra menores de edad, entre otros.
Si el proyecto es avalado por mayoría de cuatro votos en la Sala, puede sentar jurisprudencia obligatoria para todos los jueces del país.
La ley establece que los dos años máximos de duración de la prisión preventiva de oficio puede prolongarse siempre que esto sea producto del ejercicio de defensa del imputado.
Sandoval Ibarra explicó que por eso el Instituto está planteando que para revisar esta medida cautelar se analice cuántos recursos realmente fueron tramitados por la defensa y cuántos se deben a otros motivos que no son a favor del imputado.
“Se tendría que analizar el expediente, cada recurso promovido por la defensa, cada recurso de la fiscalía y los de la asesoría victimal, el tiempo que tardaron los jueces en resolver esos recursos y sobre eso pueden quedar evidenciadas estrategias dilatorias para prolongar el juicio y quién las está ejerciendo”, afirmó.
“Desde nuestro punto de vista, en la mayoría de los casos la defensa no promueve esas estrategias dilatorias pero ¿cómo se va a comprobar?, pues analizando el expediente, la complejidad del asunto y valorar la actitud procesal de cada parte”.
Consideró que este planteamiento no implica un riesgo de impunidad en perjuicio de las víctimas porque el hecho de que una persona esté acusada no implica que sea culpable del delito por el que se le investiga, además de que se busca establecer otras medidas cautelares que garanticen la presencia del imputado al juicio, como prisión domiciliaria, uso de brazalete electrónico, fianzas, entre otras.
“No tienes que mantener a la persona en la cárcel en primera porque estarías violando el principio de presunción de inocencia y segundo, porque esto tiene un costo para el Estado”, precisó.
“No va a generar impunidad este mecanismo sino que la gente va a tener alternativas y que los jueces van a poder analizar cada caso en lo particular”.
De acuerdo con el funcionario, la Defensoría Pública tiene pendientes 900 casos donde los imputados llevan más de dos años sujetos a prisión preventiva de oficio en espera de sus sentencias en primera instancia.
En cambio, la organización Alto al Secuestro advirtió que la aprobación del proyecto puede implicar que los jueces dejen de considerar factores como el riesgo de cometer nuevos delitos, reincidencia, peligrosidad, fuga, para la víctima o la sociedad.
Por ello consideró que la Corte debe hacer énfasis en la importancia de la peligrosidad y la repercusión social que genera el delito por el cual el imputado está sujeto a proceso.
Con información de El Universal