Sociedad de la Información
Por: Luis Alfonso Polanco Terríquez
Los recientes acontecimientos en una escuela secundaria de la entidad —que involucran a menores de edad— desataron una ola de estigmatización y juicios sumarios dictados desde la desinformación. Sin embargo, este episodio expone una problemática estructural que acumula décadas en la sombra: una crisis que pocas autoridades se atreven a reconocer y frente a la cual la inacción gubernamental es la constante. Tan solo en lo que va del actual sexenio, dicho plantel ha sido escenario de dos eventos críticos — así como imposible olvidar el caso de Julissa en la Manuel Alvarez—, sumados a incesantes riñas dentro y fuera de sus instalaciones.
Colima atraviesa un severo deterioro social donde la salud mental ha dejado de ser un tema periférico para convertirse en una emergencia de salud pública. La exposición prolongada a la violencia, la inseguridad y la precariedad socioeconómica ha detonado un aumento sostenido de afecciones psicológicas y psiquiátricas. Como señalara el Dr. Christian Torres Ortiz, Rector de la Universidad de Colima, ante el Círculo de Analistas que coordina el Mtro. Manuel Godina, la demanda institucional se ha desbordado con alumnos que vivieron la pandemia, a tal grado que los servicios universitarios, antes abiertos a la sociedad, hoy se limitan a su comunidad estudiantil y laboral.
Aunado a esto, el Rector advirtió sobre la escasez crítica de especialistas: la demanda supera con creces la plantilla existente y el gremio psiquiátrico muestra poco interés en ejercer en la entidad. Mientras tanto, en los pasillos del sector público trasciende que los trastornos de ansiedad, las psicosis y la depresión representan decenas de miles de consultas anuales. El síntoma más desgarrador de esta descomposición es el comportamiento suicida. Datos del segundo trimestre de 2026 confirman que las tasas de ideación y consumación en Colima siguen distantes de las metas de reducción estatales, manteniendo a la entidad —como ha ocurrido durante los últimos treinta años— en los primeros lugares nacionales.
Los sectores más castigados por este desgaste emocional son los jóvenes (15 a 39 años) y las mujeres. En la juventud, la incertidumbre económica y el contexto local actúan como detonantes directos a través de tres ejes: A) Violencia e inseguridad sistémica. B) Precarización laboral y C) Estructura comunitaria debilitada y violencia de género.
Aunque la red pública reporta más de 21,000 atenciones anuales e implementa esquemas como los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) —donde iniciativas municipales como la de Villa de Álvarez destacan en cobertura—, el sistema evidencia fallas operativas graves como las citamos en el siguiente párrafo. 1) Capacidad institucional rebasada. 2) Falta de actualización metodológica: La Comisión Estatal de Salud Mental requiere renovar de manera urgente sus indicadores para garantizar intervenciones comunitarias oportunas. 3) Estigmatización social.
Para reflexionar. Es insostenible trasladar esta responsabilidad al magisterio. El docente puede detectar y canalizar anomalías, pero carece de facultades de contención o investigación. La respuesta institucional suele ser la negligencia: expedientes archivados y omisión ante denuncias graves presentadas ante instancias como el Centro de Justicia para las Mujeres.
La realidad en las aulas, públicas y privadas, es insostenible: el abandono familiar se incrementa y un número alarmante de estudiantes ha perdido a uno o ambos padres a causa de la violencia que azota al estado. Frente a huérfanos de la violencia o alumnos en situación de desamparo emocional, las autoridades prefieren apartar la mirada para no comprometer recursos presupuestales que optan por reservar para las próximas contiendas electorales.
Para despedirme. Ningún padre de familia está exento de enfrentar una situación similar. Señalar o estigmatizar desde la barrera es tan irresponsable como ignorar el costo económico desproporcionado que implican la terapia y la medicación psiquiátrica en el sector privado. La salud mental en Colima no exige discursos ni cálculos políticos, sino priorización presupuestal y empatía social.
Nos vemos en otra entrega.
