TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
El jueves pasado se puso en pie de guerra el sindicato de salud colimense que, en voz de su dirigente, Dolores González Meza, denunció que la SS federal “ha dejado sin medicamentos ni insumo para atender a pacientes”. En el Hospital Regional Universitario, que al parecer ha sido abandonado a su suerte junto a otras unidades igualmente importantes y estratégicas, DGM exigió a la Federación un cambio de política pública “para que otorgue los requerimientos necesarios del sector salud”, ya que los hospitales “trabajan con menos del 3 por ciento de medicamentos e insumos y los familiares de pacientes que pueden hacerlo son los únicos que surten lo necesario a los enfermos porque el INSABI no los ha otorgado”.
El INSABI “trabaja con ocurrencia y sin transparencia”, además de que por la pandemia se centralizó el presupuesto y se dejó a la deriva cirugías, consulta externa, y centenares o miles de colimenses se quedaron sin atención y tuvieron que recurrir a la medicina privada, y hubo entonces “causas fatales”. El INSABI tiene entonces doble moral porque dice que primero son los pobres, pero no se les atiende porque no hay manera, dijo DGM. Se preguntó, según la nota de Colima Noticias, ¿dónde queda el cumplimento del derecho fundamental de la salud?, ¿dónde queda el combate a la corrupción?, ¿Dónde queda la responsabilidad institucional para los ciudadanos?”.
En los dos párrafos anteriores se condensa un universo de grandes dificultades sanitarias, agudizadas por la pandemia. Los dos últimos años, el sistema de salud nacional y local ha sufrido grandes desequilibrios por carencias básicas en hospitales y clínicas donde hay insuficiencias para atender a pacientes, cuyo gran porcentaje son personas que no tienen economía estable o superviven de milagro. Si acaso hay allí aspirinas o paracetamol, pero las cirugías se han reprogramado muchas veces; hay falta de mantenimiento lo que puede verse desde fuera de las instalaciones y los trabajadores están decepcionados ante la falta de apoyo oficial porque a veces el público los señala como responsables.
De un plumazo, como se sabe, el gobierno federal desapareció el Seguro Popular, que con corrupción y todo, funcionaba. Yo escuché decir a conocedores como Julio Frenk, ex secretario del ramo, que no se requería la desaparición de todo un engranaje administrativo que llevaría años reponer, sino simplemente establecer controles para que no hubiera corrupción y, en su caso, se castigara a responsables de malas prácticas. Es decir, hubo una política reactiva, se desestimó las consecuencia que podría tener la suplantación de un modelo de atención por otro que aún no estaba en condiciones de operar eficazmente. Las consecuencias negativas de una mala decisión se sufren en todo el país. La gestión ante el nivel central para recomponer esa situación crítica ha resultado insuficiente como efecto, quizás, de que los que toman decisiones pertenecen a partidos e ideologías distintos.
La falta de atención médica y hospitalaria ha derivado en que pacientes con escasos recursos han tenido que acudir a instituciones privadas que, la verdad sea dicha, no son hermanas de la caridad en su mayoría. Esto ha provocado pérdidas patrimoniales cuantiosas que han mermado economías familiares e incrementado, por lo tanto, los índices de pobreza de la aborrecida clase media.
Es oportuno hacer notar las insuficiencias sanitarias. El sindicato de Salud está obligado moralmente a buscar la mejoría de sus centros de trabajo y a exigir condiciones propicias para la debida atención. Guardar silencio no es el camino para recuperar lo perdido, por lo que esa manifestación del jueves anterior debe obligar a actuar a autoridades centrales de la Secretaría de Salud. De igual manera, el gobierno estatal debe revisar el monto de los apoyos al sector y acordar lo necesario para recuperar la posición presupuestal más favorable para la operación de clínicas y hospitales y de pasada, en un último suspiro, exigir al nivel central su intervención. No debe haber excusa para pasar por alto que está en juego un derecho fundamental de todo mexicano de recibir servicios de salud y que el Estado no puede claudicar frente a esa obligación constitucional.
La salud es un bien público de gran valor, y hace bien la dirigente sindical en protegerlo. El mal funcionamiento de nuestro sistema sanitario tiene grandes repercusiones sociales; por tanto, es deber de los representantes gremiales alzar la voz y, en el caso de DGM, ver no solo por los trabajadores que representa, sino por la población en general.