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Ciudad de México. -El registro obligatorio de líneas móviles impulsado por el Gobierno y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) enfrenta cuestionamientos dentro de la industria que considera que la medida generó costos operativos elevados sin garantizar que no habrán vulnerabilidades de seguridad digital.
“Más allá del impacto regulatorio, el conflicto está comenzando a tensar la relación entre autoridades y operadores, quienes ya consideran que el gobierno está trasladando costos, riesgos operativos y desgaste reputacional a la industria sin ofrecer garantías de efectividad en materia de seguridad pública”, consideró Ernesto Piedras, director general en The CIU.
La principal alarma de la industria es que el esquema no incorporó datos biométricos, lo que debilita la validación de identidad. En el modelo vigente, la única verificación es una selfie o foto para los registros remotos, mientras que para trámites presenciales basta con presentar una identificaión y el CURP, eliminando el único elemento que permitiría validar la identidad.
“En el momento en que esto se convierte en una decisión política y no de política pública técnica, estamos abriendo un boquete a la seguridad”, añadió el expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Con información de El Financiero