Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Los diputados del congreso del estado aprobaron en forma unánime reformar la Constitución Política del Estado de Colima en materia del sistema estatal anticorrupción.
Los cambios más sustantivos son la sustitución del actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo por un Tribunal de Justicia Administrativa con nuevas facultades de sanción a servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y particulares vinculados a ellas.
La creación de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, la cual y estará encargada de la investigación y persecución de los actos de corrupción que deriven en delitos, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
También aprobaron la ampliación de las facultades del órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, por ejemplo, para poder realizar auditorías en tiempo real, al mismo tiempo que se derogan los principios de posterioridad y anualidad.
La propuesta también incluye considerar órganos internos de control en todos los entes públicos estatales y municipales, así como en los órganos autónomos reconocidos por la Constitución Local.
Además de ampliar las facultades del Congreso del Estado, para que pueda expedir la ley que establezca las bases de creación y operación del sistema Estatal Anticorrupción, para elegir a los miembros del Comité de participación Ciudadana del Sistema Estatal, para designar a los titulares de los órganos internos de control, y para poder objetar el nombramiento de Fiscal General Especializado en Combate a la Corrupción.
La reforma incluye también la ampliación del nivel constitucional de prescripción de las faltas administrativas graves, de tres a siete años; el establecimiento de un nuevo régimen de responsabilidades, donde se separan las faltas administrativas, las faltas administrativas graves, y los hechos de corrupción constitutivos de delitos.
Por lo que respecta a las faltas administrativas, la reforma establece que “podrán imponerse a los Servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán fijarse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable, y en base a los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones; se dividen en faltas administrativas de carácter no grave, las de carácter grave y los actos de particulares vinculados con faltas administrativas”.
Por ser reforma constitucional, los cambios deberán ser avalados por al menos 6 cabildos de los 10 ayuntamientos del estado.