De acuerdo con el pre dictamen que se discutirá en comisiones, el órgano responsable de combatir la corrupción tendrá facultades de atracción de casos que sean competencia de estados, Distrito Federal o municipios. De hecho la reforma obliga a las entidades a propiciar el mismo modelo de institución anticorrupción a nivel local.
Entre las sanciones administrativas que aplicará el órgano se encuentra la suspensión, destitución e inhabilitación. Las sanciones económicas deberán tomar en cuenta los daños y perjuicios patrimoniales causados.
“En los casos de corrupción, la sanción económica considerará además los beneficios obtenidos. En ningún caso las sanciones excederán de tres tantos los beneficios obtenidos o los daños y perjuicios causados”, detalla el artículo 109, fracción III.
Además precisa la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, por ello “los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezca la ley”.
El titular del organismo será propuesto por el Ejecutivo Federal, aunque pasará por la ratificación del Senado de la República, además será sujeto a juicio político si no se conduce conforme a la ley.