Redacción| COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Para que los funcionarios públicos tengan la obligación de cumplir las recomendaciones que les haga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o fundar y motivar la negativa a su acatamiento, la Legislatura local reformó la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
A los servidores públicos que no acepten las recomendaciones de la CEDH, la reforma, iniciada por el diputado Héctor Insúa García, los obliga a comparecer ante el Congreso del Estado, para que expliquen el motivo de su negativa.
Con estas disposiciones, la norma en materia de responsabilidades se armoniza con la reforma en materia de defensa de los derechos humanos que se hizo a la Constitución de Colima el 5 de enero de 2013, la cual estableció la obligación de los servidores públicos para responder las recomendaciones que les presente la CEDH.
El dictamen a favor de reformar la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentado por Arturo García Arias y por Insúa García, presidente y secretario de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, señala que con ésta se fortalece el sistema de responsabilidades de los servidores públicos.
Las nuevas disposiciones obligan también a los servidores públicos del ámbito municipal y estatal, a abstenerse de adquirir, arrendar y enajenar bienes, contratar servicios de cualquier naturaleza y de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, sin la autorización previa de la Contraloría.
Los funcionarios públicos tienen la obligación de abstenerse de adquirir para sí, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que ellos mismos hayan autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, restricción aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del cargo.
Asimismo, con las reformas a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las sanciones graves en las que hayan incurrido los funcionarios, prescribirán a los cinco años, dos más de lo anteriormente establecido.