Reforma a la Ley de Responsabilidades obliga a servidores acatar recomendaciones de CEDH

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Redacción| COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Para que los funcionarios públicos tengan la obligación de cumplir las recomendaciones que les haga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o fundar y motivar la negativa a su acatamiento, la Legislatura local reformó la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

A los servidores públicos que no acepten las recomendaciones de la CEDH, la reforma, iniciada por el diputado Héctor Insúa García, los obliga a comparecer ante el Congreso del Estado, para que  expliquen  el  motivo  de  su negativa.

Con estas disposiciones, la norma en materia de responsabilidades se armoniza con la reforma en materia de defensa de los derechos humanos que se hizo a la Constitución de Colima el 5 de enero de 2013, la cual estableció la obligación de los servidores públicos para responder las recomendaciones que les presente la CEDH.

El dictamen a favor  de reformar la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentado  por Arturo García Arias y por Insúa García, presidente  y secretario de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, señala que con ésta se fortalece el sistema de responsabilidades de los servidores públicos.

Las nuevas disposiciones  obligan también a los servidores públicos del ámbito municipal y estatal, a abstenerse de   adquirir, arrendar y enajenar bienes, contratar servicios de cualquier naturaleza y de obra pública o de servicios  relacionados  con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, sin la autorización previa de la Contraloría.

Los funcionarios públicos tienen la obligación de abstenerse  de  adquirir  para  sí, bienes  inmuebles  que pudieren incrementar su valor, como resultado de la realización   de  obras  o  inversiones  públicas  o  privadas, que  ellos mismos hayan autorizado o tenido conocimiento  con motivo de su empleo, restricción aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del cargo.

Asimismo, con las reformas a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las sanciones graves en las que hayan incurrido los funcionarios, prescribirán a los cinco años, dos más de lo anteriormente establecido.