Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
El juicio de amparo es una de las herramientas más poderosas que tiene el ciudadano para defenderse del poder. Permite frenar actos u omisiones de autoridad que violan derechos humanos: un arresto arbitrario, la falta de medicamentos, la devastación ambiental.
Por eso alarma que la reforma propuesta por el oficialismo busque acotar este derecho. Varias voces, de colectivos de abogados y expertos en la materia, ya advierten que es una regresión: se pretende limitar el concepto de “interés legítimo”, lo que impediría a colectivos y organizaciones civiles —como ambientalistas o defensoras de derechos humanos— promover amparos a favor del interés público.
Eso contradice precedentes históricos de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el caso de la Laguna del Carpintero, donde se reconoció que una asociación podía defender el medio ambiente por su vinculación legítima. Hoy, con esta reforma, eso estaría en entredicho.
Y hay más: se debilita la figura de la suspensión provisional. Es decir, ya no bastará solicitarla para frenar violaciones inmediatas. Una persona sin tratamiento médico urgente tendría que esperar a que el juicio concluya —lo que puede tardar más de un año— antes de recibir atención. Así, el daño ya estaría hecho y no se haría efectivo este derecho humano a la salud.
La excepción de “imposibilidad material” se convertiría en regla, desactivando de facto esta figura clave del juicio de amparo, la cual ha evidenciado al gobierno en su incapacidad de garantizar servicios de salud a la población, sobre todo los medicamentos a niños con cáncer.
El argumento oficial es evitar abusos, como desbloqueos indebidos de cuentas por delitos fiscales. Pero la realidad es más compleja: hay casos de personas comunes, sin vínculos con el crimen, que enfrentan bloqueos bancarios por errores administrativos. El amparo es su única salida. Ahora sufrirán hasta un año sin tener acceso a sus cuentas hasta que la autoridad “competente” deslinde responsabilidades.
Al final, con esta “contrareforma”, lo que se fortalece es el poder del gobierno frente al ciudadano común, usted. Así se blindan las decisiones del Ejecutivo y se castiga la participación ciudadana. Eso, por donde se le vea, se parece más al autoritarismo que a un estado de derecho.
Dos puntos
El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto, ya adelantó que pretenden aprobar esta reforma en fast track, sin Parlamento Abierto, sin escuchar a colegios de abogados o expertos. ¿Pues qué no es buena la reforma? Si es tan positiva, ¿por qué el hermetismo y la cerrazón? Lo anterior demuestra que esta reforma más que beneficiar al ciudadano, lo que quiere en el fondo es fortalecer al régimen en detrimento del ciudadano.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.