Se dejó en claro que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que los partidos y coaliciones deben entregar sus informes finales de ingresos y gastos de las campañas electorales a más tardar durante los 60 días siguientes a la jornada electoral, plazo que no se puede vulnerar y que vence el próximo 8 de octubre y será hasta principios del 2013 cuando se dé a conocer el dictamen final de la fiscalización de todos los partidos políticos.
Desde el inicio de la sesión extraordinaria, y durante su exposición de motivos, el consejero presidente del instituto electoral, Leonardo Valdés, prácticamente adelantó el sentido de su voto, que fue contra dicho proyecto.
Puntualizó que desde el punto de vista jurídico existía un impedimento para atender la solicitud de la coalición Movimiento Progresista, y pretender adelantar cinco meses los tiempos establecidos para la fiscalización de los gastos de campaña de la coalición integrada por los partidos PRI-PVEM.
“El proyecto de acuerdo que está a nuestra consideración no genera certeza jurídica, su aprobación modificaría procedimientos que ya están en curso y que al no ser impugnados, han quedado en firme, por lo que considero que existe un impedimento jurídico para alterar los plazos que este mismo consejo general aprobó”, además, añadió, se autorizó que los informes de la Unidad de Fiscalización del IFE emita los resultados de sus indagatorias a más tardar el 30 enero de 2013, precisó, Valdés Zurita.
Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE, explicó que el procedimiento extraordinario que propone la coalición del PRD-PT-MC “no significa vulnerar la fiscalización en curso (revisión de los informes de partidos) ni interfiere en el programa de fiscalización que acordó el consejo general en mayo pasado sino que sería un mecanismo de información, fundamental en el juicio de inconformidad -contra la elección presidencial- que se desarrolla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Durante la sesión, el resto de los consejeros, prácticamente hicieron suya, la postura de Leonardo Valdés con lo que, cada uno de los consejeros explicaron por qué no aceptarían tal propuesta.
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI, se congratuló de las posiciones de los consejeros, quienes dijo, han presentado argumentos lo suficientemente sólidos, en tanto que los argumentos de la coalición de izquierda han sido “de una gran estridencia y nula evidencia, con lo que los debates dejan de tener sentido por contener acusaciones falsas, frívolas, inatendibles y en la mayoría de los casos inentendibles”.
El consejero Lorenzo Córdova precisó que pretender adelantar los tiempos de fiscalización antes del 8 de octubre, sería una acción que viole los derechos de los partidos políticos.
Marco Antonio Baños y Alfredo Figueroa aseguraron que en este momento no hay elementos que permitan presumir que hubo rebase en el tope de gastos de campaña, sencillamente, subrayó Figueroa Fernández, porque ningún partido político “absolutamente ninguno lo ha hecho, luego entonces, cómo se pretende que el IFE arribe a una decisión al respecto, si los partidos políticos no han entregado la información correspondiente”.
