VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La determinación del Tribunal Electoral de invalidar las medidas impuestas por el INE respecto a la no intervención de la federación y funcionarios de cualquier orden de gobierno en la promoción de la jornada electoral para elegir juzgadores, demuestra una vez más que Morena no está dispuesta a respetar disposiciones legales y que el tribunal ya no es digno de credibilidad, menos aún en esta farsa electoral de la cual también es responsable de origen, pues al haber aprobado otorgar una mayoría ilegítima a Morena, propició que se lleven a cabo reformas constitucionales que solo buscan la concentración del poder absoluto, terminar con la democracia y con la división de poderes.
En ese contexto vale la pena retomar información recabada por Lorena Becerra directora de Becerra, Mizuno y Asociados en una encuesta especial para Latinus, en la que, entre otras cosas, destaca que un 70 por ciento de la población desconoce sobre la elección de juzgadores y peor aún, que el 94 por ciento de la gente desconoce quiénes son los candidatos, mucho menos que los ciudadanos sepan los diversos cargos y la función que desempeñan quienes aspiran a ganar con votos en este proceso electoral.
Quienes por obligación y exigencia del ejercicio periodístico buscamos estar más informados sobre este proceso, nos encontramos que el poder judicial abarca muy diversas materias y que los juzgadores se ubican en diversas instancias, ya sea en el poder judicial federal o en el de los estados que conforman la federación. Así sabemos que hay jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros y que también hay la materia civil, la penal, la administrativa, la laboral, los juzgados mixtos, etc. por lo que es prácticamente imposible que el ciudadano pueda conocer los detalles de este engorroso proceso electoral. De ello se aprovecha morena o la 4T para llevar a cabo esta farsa electoral encubierta en el discurso de una mejor justicia con juzgadores electos por voto popular, cuando queda claro que solo quieren apoderarse del poder judicial para imponer sus planes autoritarios, centralistas y de control absoluto del poder, con lo que la ciudadanía quedará en total desamparo sin la posibilidad de buscar protección en casos de abuso de autoridad o de poder.
Pero lo que es aún más grave, es que Morena inscribió solo a personas que le puedan ser leales, a declarados morenistas que, salvo muy raras excepciones, se trata de abogados que no estarán al servicio de la ley y la justicia, sino de quienes detentan el mayor poder político. Es por eso que fieles a su forma ilegal, inmoral y con falta de ética, no solo inscribieron a quienes les garanticen fidelidad, sino incluso a personas de muy dudosa o ya probada muy mala reputación.
Es el caso, por ejemplo de Jesús Humberto Padilla Briones que aspira a ser Juez en materia penal en el cuarto Circuito de Nuevo León, que fue procesado y sentenciado en 2023 por narcotráfico y portación de arma prohibida; Fernando Escamilla Villareal, que aspira también a juez de lo penal en el cuarto circuito de N. León y quien fue sentenciado en dos ocasiones por portación de arma prohibida; Edgar Agustín Rodríguez Baeza que aspira a ser magistrado de primer circuito en materia penal en el estado de México y quien ha sido acusado por abuso y acoso sexual en la UNAM y es señalado por re victimizar a mujeres violentadas sexualmente; Francisco Martín Hernández Zaragoza aspirante a magistrado del tercer circuito en materia penal en Jalisco y quien está acusado de acoso sexual, corrupción y lavado de dinero, por lo que ya había sido destituido como juez en el 2015, caso confirmado por la SCJN; Andrés Montoya García que aspira a magistrado en materia penal en Sonora, donde fue administrador penitenciario y está señalado como presunto vinculado a la desaparición del periodista Jorge Alfredo Jiménez Mota.
Así como esos hay muchos más aspirantes a diversos cargos dentro del poder judicial, tanto de la federación como de los estados que arrastran una serie de acusaciones, señalamientos y hasta sentencias por delitos cometidos, como es el caso de las ministras Loreta Ortiz que aspira a ser ratificada como Ministra de la Suprema Corte pero que es investigada por La Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos por presunto tráfico de influencias y corrupción en un caso que involucra a su yerno Abel Chávez y a un empresario prófugo. O está también la ministra Jazmín Esquivel a quien la UNAM ya ratificó como plagiaria de tesis, sin que a la fecha haya renunciado a su cargo, aunque tampoco la Suprema Corte de Justicia la ha sancionado.
Así las cosas, lo recomendable es que la ciudadanía se abstenga de votar y con ello demuestre su rechazo a la mal hecha reforma al poder judicial para que luego se haga una que verdaderamente sirva al país y a la justicia, no a un partido o grupo de poder.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.