TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
El escándalo más sonado de los días últimos fue el de la renuncia definitiva de Santiago Baños a la Fepade y los alegatos internos del Senado sobre la misma. El ahora extitular de ese organismo pasó de la defensiva a la ofensiva y desató una crisis que enredó al propio presidente Peña Nieto, por ser jefe este de quien lo corrió, el encargado de la PGR.
Le siguió, como tema candente, el de la irresponsabilidad con la que actuaron diversas autoridades al facultar construcciones que colapsaron en la ciudad de México por no seguirse normas mínimas de seguridad, llegándole la lumbre hasta a Claudia Sheanbaum, la “coordinadora” de Morena allí y que luce desinflada políticamente por no hacer sus deberes.
Y en esas estábamos cuando nos salpicó la pus del PT, cuyo dirigente en Aguascalientes, presuntamente habría dispuesto de 100 millones de pesos que turnó a cuentas particulares, entre las que se cuentan la de la esposa del dirigente nacional y que por ello está arraigado y ha comparecido a un juzgado. Posible delincuencia organizada a la vista, por lo pronto, en un partido que desde hace muchos años es un negocio privado muy lucrativo. En los últimos ocho años, el Partido del Trabajo (PT) ha recibido 4 mil 162.8 millones de pesos en fondos federales por manejar centros educativos. Un dineral. La partida fue creada en 2007 para financiar los gastos de operación y la nómina de 75 Cendis en 18 entidades federativas.
El flujo de los recursos es el siguiente: la Cámara de Diputados los aprueba, la SHCP los transfiere a los estados y éstos los entregan a distintas organizaciones sociales, sin que al final se compruebe que el dinero fue bien utilizado. Opacidad total para gusto de criminales de cuello blanco. La Pgr declaró que el presupuesto se ha canalizado a las secretarías de finanzas o de educación de los estados donde tiene presencia este programa, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por su parte, determinó que los recursos que el gobierno federal destina a los Cendis se han otorgado con discrecionalidad y opacidad. Chulada de país es este donde todo mundo mete las manos en el presupuesto y se lo puede agenciar fácilmente.
Otra información: en la revisión de la Cuenta Pública 2014, al analizar 747 millones de pesos destinados a estos centros, la ASF encontró que 119.1 millones de pesos no fueron ejercidos correctamente y pidió su restitución a la Tesorería de la Federación. En ese mismo año, la Cámara de Diputados aprobó el programa presupuestario U031 “Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil”, al cual le asignó los 747 millones de pesos para repartirlos entre 17 entidades del País.
La Auditoría dictaminó que esa partida no cuenta con lineamientos para garantizar los principios de selectividad, equidad y transparencia que se establecen en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es decir, los dueños de los Cendis, entiéndase los líderes sempiternos del Pt en las entidades, manejan los recursos como propios y no rinden cuentas a nadie tal vez porque así lo acuerdan con el régimen de turno, entiéndase EPN, los jerarcas mayores de ese partido sucio.
En un estudio elaborado ese año, advirtió que la asignación del presupuesto está basada en criterios políticos y que su distribución entre los estados también es discrecional, o sea al gusto de quien opera esas instituciones.
Estamos en presencia, pues, de un posible mega fraude, de un asunto que atañe a nuestra maltrecha educación. Es increíble que el gobierno mexicano otorgue recursos para la educación a un partido político, es como confesar que las instituciones no pueden hacer la chamba que hacen los Cendis mediante el Pt. Es importante que la SEP aclare al pueblo de México, junto con el congreso federal, como es que está ocurriendo este despropósito y que no nos vengan con cuentos de que se les investiga a los mafiosos dueños del PT dizque “porque le van a López Obrador”. Si hay rapiña, como así parece ser, debe castigarse con rigor y prontitud.