*El sistema judicial que debe de imperar en el Estado de Colima, tiene que ser de calidad, de eficiencia y satisfacer un sistema confiable socialmente. *La comunidad jurídica colimense emite un Manifiesto Judicial.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Alrededor de medio centenar de abogados representantes de diversas asociaciones, colegios organizaciones de abogados, así como la comunidad jurídica del Estado realizaron una manifestación a las puertas del Poder Judicial del Estado demandando “una reingeniería integral del Sistema Judicial del Estado”, ello con la finalidad de combatir la opacidad, combatir y erradicar la impunidad y corrupción al interior conforme al sistema legal que existe para ello, además de acabar con nombramiento poco objetivos y poco transparentes de servidores públicos que integran los órganos de justicia.
Los abogados lanzaron para ello “Un Manifiesto Judicial”, en el que demandan “una justicia eficiente; una justicia que le sirva a la sociedad, y una justicia que pueda desempeñar libremente la abogacía colimense”.
Expresaron que la sociedad colimense tiene el derecho inalienable de contar con un sistema judicial eficiente, que proteja los derechos humanos de la población y a contar con tribunales autónomos e independientes que impartan justicia de verdad; derechos que están consagrados en la carta magna local, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Una sociedad democrática, debe tener un sistema de justicia que proteja la dignidad humana, combata la corrupción, la impunidad y cualquier acto que dañe los derechos humanos de una sociedad; tanto individuales como colectivos.
“Un gobierno judicial democrático debe trabajar en sinergia con los poderes del Estado a fin de reforzar los más altos valores de justicia y lograr que la sociedad confíe en sus jueces”.
Una sociedad merece tener juzgadores capaces y que cuenten con los méritos y capacidades de impartir justicia, por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Agregaron que la sociedad tiene derecho a tener un gobierno judicial sensible, humanista y con vocación de servirle conforme a los problemas que la aquejan.
“La sociedad tiene el derecho irrenunciable a que los integrantes del sistema judicial sean producto de un sistema electivo democrático que cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales en elegir a quienes tengan mejores méritos y capacidades en la función judicial
La sociedad necesita que los procedimientos que se utilicen para integrar a los sistemas judiciales se apeguen al marco jurídico nacional e internacional a fin de proteger el acceso de justicia como un derecho de interés colectivo”.
Afirmaron que “la abogacía es una función que debe proteger el Estado democrático y a la vez ésta, tiene el deber ineludible de velar por la eficiencia del sistema judicial”.
MANIFIESTO JUDICIAL
En su Manifiesto Judicial sostuvieron que “la comunidad jurídica colimense y la abogacía libre e independiente, estamos conscientes que el sistema judicial local es una institución pública que tiene como tarea la aplicación de los valores, principios y derechos humanos, contenidos en la Constitución colimense, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de derechos humanos y las leyes que de ella emanen; haciéndolos respetar en favor de toda persona y también protegiendo los derechos de interés colectivo.
“Ante la sociedad, manifestamos públicamente quienes firmamos este manifiesto, que el poder judicial local, y que a pesar de contar con la infraestructura necesaria, no es un factor de confianza de la sociedad.
“La comunidad jurídica y la sociedad pide que el poder judicial vuelva a su esencia natural, de ser un poder que imparte justicia en un sentido de realidad objetiva y que sea producto de evaluación social, que sea ésta la que indique el grado de satisfactor máximo de eficiencia”.
Sostuvieron que el poder local carece de autonomía e independencia, no se cuenta con un Consejo de la Judicatura para que este órgano tenga función del control administrativo del poder judicial, de capacitación de sus integrantes, la falta de nombramiento a través de procedimientos objetivos y transparentes de servidores públicos que integran los órganos de justicia.
Señalaron que las magistraturas, juzgadores y personal en general “no se utilizan las normas de buenas prácticas para escoger a servidores con méritos y capacidades, no están aplicando un sistema judicial humanista en términos de lo que establece hoy la propia Constitución mexicana”
“Quienes imparten justicia son electos a través de procedimientos que no cumplen con los parámetros que establece la normatividad nacional e internacional, la regla es la designación discrecional de todo el personal y esto ocasiona una distorsión funcional y causa un efecto corruptor y como consecuencia un desorden institucional.
“No se respeta el servicio civil de carrera, no existe transparencia bajo el principio de máxima publicidad en el desempeño judicial; no hay rendición de cuentas de las magistraturas y juzgadores, hay grupos de poder al interior de la clase juzgadora, cambios de adscripción a juzgadores de castigo a partidos judiciales lejanos, represión a quien expresa inconformidad y amenazas de sanción, a quien critica al poder judicial, cuando hay quejas en contra de juzgadores por parte de litigantes, las resoluciones son de impunidad y protección.
PROPUESTAS
Ante ello propusieron que el poder judicial debe combatir y erradicar la impunidad y corrupción al interior conforme al sistema legal que existe para ello, ya que este, es parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, Investigar de manera real las denuncias que se hacen en contra del personal de ellos mismos y dictar resoluciones justas sancionando a quiénes hayan cometido faltas administrativas o acciones penales en contra de la impartición de justicia y evitar la autoprotección.
“Hacer una reingeniería integral del buen funcionamiento del sistema judicial, a través de protocolos conforme a los usos y prácticas que eficiente en la transparencia, la rendición de cuentas de todos y todas las servidores públicas del poder judicial”.
También demandaron “capacitación permanente y urgente en rama de los derechos fundamentales, el derecho internacional de los derechos humanos y en toda la corriente doctrinaria del sistema judicial mexicano”.
Que se emitan resoluciones de manera completa e imparcial; que se destierre la dádiva como interés de impulso procesal; aplicar correctamente y bajo los principios constitucionales de eficiencia judicial, el nuevo sistema de justicia penal de oralidad; utilizar de manera garantista el sistema victimal; que no haya reelección de juzgadores y magistraturas sin los procedimientos de evaluación.
Evitar judicaturas vitalicias de facto, que previó a diagnóstico se incrementen juzgados en el Estado para cumplir con la función de dar acceso de justicia de calidad a la sociedad, entre otros puntos que demandaron.