En el documento Seguridad Ciudadana y Justicia para todos, expone que serían incorporados en su diseño institucional “fortalecer las capacidades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, para ser más eficaces en el combate a los delincuentes más peligrosos”.
“Estableceremos la colaboración obligatoria de instituciones bancarias y financieras en las labores de inteligencia. En específico, dotando a la Procuraduría General de la República de un área enfocada en lavado de dinero que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, potencialicen la capacidad del Gobierno Federal para sancionar este delito”.