*Acusan a la delegada María Elena Díaz Rivera de prepotente, altanera y agresiva
Oscar Cervantes|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- A pesar de que se entregó la solicitud firmada por 108 comuneros acreditados para destituir al presidente de bienes comunales Carlos Guzmán Teodoro, por promover la explotación de la mina en la comunidad de Zacualpan, la Delegación de la Procuraduría Agraria en la entidad se negó a recibir y tramitar esta petición a través de la Asamblea correspondiente.
En rueda de prensa, el representante de Bios Iguana, Gabriel Martínez, narró que la delegada María Elena Díaz Rivera el pasado 11 de diciembre les negó la entrada a la Delegación a los comuneros por instrucciones suyas, sin embargo de manera inusual al día siguiente pidió entrevistarse con Bios Iguana, donde aseguró que estaría en toda la voluntad de apoyar a la comunidad para que la mina no se instalara y aceleraría cumpliendo con los requisitos necesarios para la modificación del órgano de representación comuna, y para ello solicitó que los comuneros se acreditaran legalmente y de acuerdo al padrón, y ella en un lapso de siete días resolviera el caso.
Posteriormente, se le entregó en su despacho la documentación que ella pidió, comprometiéndose a que en tres días daría una respuesta de la convocatoria de la Asamblea.
Sin embargo, el 18 de diciembre al presentarse una numerosa comisión de miembros de la comunidad y Bios Iguana en la reunión fueron recibidos por la delegada y una representante de oficinas centrales para atender el caso.
Acto seguido, fueron recibidos de manera agresiva y prepotente por María Elena Díaz con el fin de dividir a los comuneros y agredir verbalmente a Bios Iguana. A nombre de la Procuraduría Agraria argumentó que la petición presentada para destituir al representante de Bienes Comunales era insuficiente porque ocho personas de esa lista no estaban en el padrón, además sostuvo que en las tierras en cuestión algunos comuneros han vendido sus derechos que no se tramitará nada hasta que el Registro Agrario emita una certificación al respecto.
La delegada no permitió dar la voz al abogado de la comunidad, argumentando que los comuneros no tienen por qué ser asistidos por un litigante si la dependencia federal tiene cinco abogados que pueden atenderlos.
Gabriel Martínez acusó que la funcionaria de manera discriminatoria y racista refirió que apoya a “los pobrecitos indígenas, los más desprotegidos”, que no necesitaban del apoyo de organizaciones, por lo que a gritos pidió la intervención del guarida de seguridad para que retirada de manera forzada la presencia de un miembro de la comunidad y otro de Bios Iguana, amenazando que no atendería a nadie que no fuera comunero
Los ambientalistas y los comuneros acusaron que de manera paranoica la delegada frente al a movilización está buscando actores políticos que frenen el avance de la movilización de la comunidad.
Finalmente, sostuvieron que el ofrecimiento de los 15 mil pesos para cada comunero para que voten a favor de la mina continúa, así como regalos para los niños, proyectos de reforestación y proyectos productivos.