TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
Los últimos meses han evidenciado una situación preocupante en el entramado del sistema político gubernamental de Colima, materializada en una crisis no vista antes en uno de los tres poderes que sustentan al Estado, el judicial. Se trata de una afectación económica – presupuestaria derivada de la insuficiencia de fondos para satisfacer sus necesidades básicas de operación, incluida la de no tener recursos para pagar a empleados.
Esa desavenencia es en contraste respecto a lo que pasa con los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo que, como se sabe, raras veces no disponen de lo que ocupan para cumplir sus cometidos. Los recursos jamás les faltan. En el legislativo, sobre todo, se despachan con la cuchara grande como si en verdad sus miembros aportaran algo grandioso en términos de efectividad y compromiso comunitario. Ahí tienen personal hasta de sobra, asesores, choferes, ayudantes, secretarias y demás personal que le hace más que placentera la estancia a los congresistas. Y del Ejecutivo, ni hablar. Es el dueño de la pelota y no hay que resistirse a sus disposiciones so pena de que a los oponentes no les vaya del todo bien políticamente.
Y es así que se insiste en plantear que la escasez de recursos afecta la autonomía e independencia del Poder Judicial ( El Noticiero, 19 de enero) y se impide el avance contra diversos males como puede ser la tardanza en la resolución de asuntos, la injusticia, la corrupción, la impunidad. Se hace evidente también el monto insuficiente fijado para este Poder, “que es menor al dos por ciento respecto a los presupuestos aprobados y que es lo que recomienda un estudio de las Naciones Unidas correspondiente al Indice Global de Impunidad 2020, medición que está vinculada a al objetivo 16 de la Agenda 2030 que persigue el fortalecimiento de las instituciones de justicia, además de la profesionalización de los propios sistemas”. Para que puedan cumplir su función, los sistemas de justicia, han de ser dotados de suficientes recursos humanos, financieros y tecnológicos, plantea Naciones Unidas.
En términos concretos, el sistema de justicia en Colima, a pesar de recomendaciones como esa, fruto del análisis profundo, funciona con carencias pues para el 2022 pidió 478 millones de pesos y el Legislativo le otorgó 243 millones de pesos, siendo Colima, dice su presidente Bernardo Salazar, el menos favorecido en el país en cuanto a dotación de recursos.
No está por demás subrayar que ese funcionamiento burocrático irregular del PJ tiene implicaciones graves para nuestro orden jurídico que debe mostrar músculo para corresponder a lo que la sociedad espera de él. Hay una relación muy importante entre el orden del bien común concebido como el orden fundamental de la sociedad, y el orden jurídico. Para que la sociedad pueda acometer sus fines y con ello influir en un mayor grado de felicidad humana, tiene que acatar los principios supremos del Derecho que son anteriores y superiores a ella misma y que le imponen los deberes de justicia, caridad, equidad, proporcionalidad, en el cumplimento de sus tareas.
En tal contexto de exigencias, un Poder disminuido no puede cooperar gran cosa; simplemente su papel se reducirá a ser comparsa ante los grandes problemas de carencia de justicia e inequidad que tiene que resolver.
Es importante que el Poder Judicial, en voz del magistrado presidente del Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar Santana, haga notar cuantas veces sea necesario su indisponibilidad ante la situación económica interna y sobre todo la afectación que ello conlleva respecto al cúmulo de asuntos que tiene que atender y resolver.
Los diputados locales deben profundizar en sus análisis y no ser tan obedientes ante el Ejecutivo y visualizar el significado de que una área vital para la convivencia como el PJ no cumpla cabalmente con sus cometidos. En el pecado llevarán la penitencia si a futuro no corrigen sus disposiciones.
Pueden esos diputados, echar un ojo a los criterios aristotélicos para entender mejor la conformación de una república en base a tres poderes constituidos. Según Aristóteles, “en la polis debe darse una división de funciones, en la que un órgano denominado asamblea deliberante resuelve sobre los asuntos comunes; al segundo, llamado grupo de magistrados, se le encomienda resolver sobre ciertos asuntos, el juzgar y el mandar es por excelencia lo propio del poder. Por último, un cuerpo judicial encargado de dirimir controversias mediante tribunales, mismos que se encontraban organizados por materias para un mejor funcionamiento. A partir de la doctrina aristotélica, numerosos pensadores han planteado la necesidad de diferenciar, e incluso separar las funciones del poder público”. (Tesis del Instituto de Investigaciones de Unam)
Cicerón escribió al respecto que “si en una sociedad no se reparte equitativamente los derechos, los cargos y las obligaciones, de tal manera que los Magistrados tengan bastante poder, los grandes bastante autoridad y el pueblo bastante libertad, no puede esperarse permanencia en el orden establecido”.
La buena economía del Poder Judicial garantizará equidad y sentido de responsabilidad en los asuntos de su competencia. Por ello, es fundamental que los que deban reflexionar sobre la autonomía y eficacia del mismo, o sea los diputados y el Ejecutivo, den prioridad al aspecto económico para que se garanticen soluciones con estricto apego a Derecho y en oportunidad.