TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Estamos en la recta final del sexenio peñista y a la par de los avances que se publicitan todos los días, hay temas pendientes que resolver y que inciden en la convivencia nacional. En días pasados, renunció el procurador Raúl Cervantes cuestionado por la oposición, quien vio en él eventualmente al titular de la fiscalía futura.
Bien, ya se fue Cervantes pero hay que entrarle a los pendientes. Antes de agarrar sus maletas, se dio tiempo para decirnos que la PGR no tiene plan y que hay el peligro de que no se concrete un proyecto que supondría un préstamo del BID por 80 millones de dólares para hacer una reingeniería de procesos internos y mejorar la procuración de justicia mediante la cooperación técnica para proyectos específicos en cuatro años.
Uno de los obstáculos mayores lo ubica la Pgr en el cúmulo de asuntos, de carpetas que debiendo ser los documentos básicos para iniciar investigaciones se encuentran atorados por falta de personal, de capacitación administrativa y de tecnologías y, quizás, hasta de voluntad política lo cual difícilmente se reconocerá en las alturas burocráticas.
Otro aspecto vital expuesto por esta dependencia es la carencia de cuadros capaces, de ministerios públicos avezados, de carrera, “pues en los últimos 100 años los procuradores han durado en el cargo menos de dos años porque sus nombramientos han correspondido a coyunturas legislativas nacionales”.
La creación de una fiscalía autónoma ordenada por el constituyente es un parteaguas en la procuración de justicia; los mexicanos vivimos escépticos respecto a que las acciones de la actual Procuraduría sean las adecuadas. Miles de asuntos “ envejecen” en los anaqueles, muchos expedientes han de destruirse con el polvo que se acumula y, en resumen, las decepciones siguen creciendo en materia de justicia.
Cada año, cada fin de sexenio, la chamba se le acumula a la PGR con culpa de “servidores públicos” de la propia casa. Bueno, dígase mejor falsos servidores pues dieron pasos en falso y abusaron de sus posiciones burocráticas. Nada más se investiga por corrupción, actualmente, a unos 2 mil funcionarios, según reveló el documento Desafíos y acciones para consolidar el sistema penal acusatorio. Es triste para nuestro país tener empleados de alto rango en todas las dependencias que no se comportan dignamente y arañan los presupuestos y trafican influencias. Ojalá tengan todos su merecido y pisen la cárcel mucho tiempo para que quienes pretendan delinquir de ese modo sepan que la justicia los alcanzará.
Frente a tantas raterías, es que saltó a la palestra nuevamente el senador Jorge Luis Preciado, quien presentó una iniciativa hace días para que los funcionarios que cometan faltas administrativas graves sean inhabilitados permanentemente para ocupar cualquier otro encargo, sin perjuicio de las sanciones económicas y penales que correspondan en cada caso, “ya que la corrupción afecta la relación entre gobiernos y gobernados”.
Por ello, toda iniciativa tendiente a clarificar la vida política, provenga de cualquier ciudadano, ha de ser bienvenida. La gente clama porque los corruptos no solo sean inhabilitados temporalmente o amonestados. Esto les vale, ha de exigírseles que devuelvan lo sustraído, lo que tan magistralmente saquearon. Es clamor popular que la ley sea lo más enérgica posible para que habiendo sanciones justas nadie más se atreva a robar al pueblo.
Quien roba al erario y se enriquece cínicamente no debe figurar ya jamás en la nómina de ninguna administración, soy de los que no creen que los pillos se rediman de sus fechorías. Si les dan chance de seguir, si no los echan de los cargos, jure usted que continuarán su marcha delictiva. “La cabra siempre tira al monte”, es un adagio aplicable.
La Pgr, perseguidora de los delitos a nivel central, y las procuradurías estatales deben invertir lo necesario para garantizar su trabajo de la mejor forma posible. Debe ser implacable en sus obligaciones y generar confianza. Los ciudadanos no pueden esperar más. Tenemos que vivir, ya, la justicia.