*Reprueba el Congreso la Cuenta Pública del Gobierno de Peralta Sánchez, del 2020. *Se sirvieron con la cuchara grande el mandatario y sus colaboradores. *En materia de obra pública, dijo, “se careció de transparencia en la planeación, programación, presupuestación y ejecución de las obras consideradas en el programa operativo para el ejercicio fiscal 2020. *“Todos los actos deben de ser investigados y que como legisladores daremos puntual seguimiento a todos y cada uno de los hallazgos para que se investiguen, y sean presentadas cada una de las denuncias ante la fiscalía anticorrupción, y ante las instancias correspondientes, para llegar hasta sus últimas consecuencias y deslindar responsabilidades”.
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El Congreso del Estado dio por concluido el Proceso de de Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 del Poder Ejecutivo del Estado dentro de la administración estatal de José Ignacio Peralta Sánchez, dictaminándose “la no aprobación de la misma” debido a múltiples irregularidades y omisiones financieras detectadas”.
Ante ello, la diputada priista Lizzie Moreno Ceballos, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública del Congreso, propuso ante el Pleno Legislativo “no aprobar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020, enviada por el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez” y se demandó que el Órgano Superior de Administración y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) “realice las investigaciones para que desahoguen los procesos de investigación relacionados con las observaciones contenidas en el informe de resultados”.
La priista dio lectura al dictamen respectivo en el que se da a conocer infinidad y múltiples irregularidades u “hallazgos” que ameritan ser investigados y sancionados.
En su posicionamiento y dictamen, la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública del Congreso expuso que después de un análisis al informe de resultados del Poder Ejecutivo del Ejercicio Fiscal 2020, “reprobamos los actos contrarios de la Ley, así como el uso discrecional de los recursos públicos del pueblo de Colima que realizó la administración estatal que acaba de concluir, mismos que hoy tiene a Colima en una crisis financiera sin precedentes, que ha dejado a un sin número de trabajadores sin lo más sagrado que es el sustento de sus familias, su sueldo”.
Moreno Ceballos señaló que el Gobierno de Peralta Sánchez violó sus propias “Reglas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público estatal”, pues las mismas señalan que dichas reglas “tienen por objeto implementar el uso de los recursos públicos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, siendo de observancia obligatoria para los servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Colima”.
Sin embargo, dijo, “éstas desde su primer numeral no fueron respetadas ni observadas en perjuicio de las finanzas estatales”.
Dijo que en el dictamen de la Cuenta Pública se analizaron 784 observaciones contenidas en el informe del resultado de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 del Poder Ejecutivo entregado por el OSAFIG el pasado 28 de septiembre.
En dicho informe incluye 546 hallazgos financieros, 228 hallazgos de obra pública y 11 recomendaciones, “se aprecia sin lugar a dudas un manejo inadecuado en la gestión financiera realizada por la administración estatal saliente”.
Lizzie Moreno destacó que, de acuerdo con la información proporcionada en el informe de resultados referido anteriormente, “la mayoría de las observaciones fueron en materia de adquisiciones mismas que representa el 69% del total. Las cuales no se ajustaron a los procedimientos previstos en la Ley.
“Como la Ley de Disciplina Financiera lo señala, para tener unas finanzas sanas, es imprescindible el que se tenga un balance entre los ingresos y gasto, sin embargo, observamos que los egresos presupuestados fueron mayores a los ingresos presupuestales, mismos que fueron reflejados en la cuenta pública anual del Poder Ejecutivo del Estado del ejercicio fiscal 2020, lo que derivó en un déficit presupuestal para las finanzas del estado de dicho ejercicio fiscal”.
Destacó que en la Cuenta Pública se detectaron diversas irregularidades, mencionando entre otras que “hubo una cuenta bancaria no registrada en la contabilidad del Poder Ejecutivo, demuestra un manejo nada transparente de las finanzas estatales.
“Se observó que en el tema del patrimonio del Poder Ejecutivo lo que se tiene registrado en la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2020, no coincide con la información presentada en su contabilidad a la hora de llevar a cabo la revisión y fiscalización de la misma.
PENSIONES Y GASTOS NO COMPROBADOS
“Es importante señalar que el Instituto de Pensiones, creado mediante una Ley y soportado con un estudio actuarial, mismos que llevaron a la disolución del anterior sistema pensionario y que fue impulsado por la administración estatal saliente, sea el propio Poder Ejecutivo Estatal el ente público con el mayor adeudo ante IPECOL ya que al cierre del ejercicio fiscal 2020, presenta un saldo por adeudos a dicho Instituto de Pensiones de 932 millones 344 mil 7 pesos.
“Se observan también prácticas recurrentes de funcionarios que salían de comisión y no comprobaban sus viáticos, por lo que existen diversos hallazgos en este sentido”.
La diputada señaló que “el Ejecutivo no respeto sus propias reglas de austeridad, realizo compras y contratos que no cumplen con los requisitos mínimos de la ley de adquisiciones”.
Apuntó que en “plena pandemia se compraron uniformes escolares, equipos de oficinas, difusión de campañas culturales, publicidad de espectaculares, donde las empresas no cumplieron con los requisitos de ley”.
En materia de obra pública, dijo, “se careció de transparencia en la planeación, programación, presupuestación y ejecución de las obras consideradas en el programa operativo para el ejercicio fiscal 2020”.
Asentó que “en las condiciones en las que se otorgaron los contratos de obra pública no fueron las óptimas, ya que en muchos casos se careció de estudio de mercado, presupuesto base, planos y proyectos, por ende no se tiene la referencia del costo real de la obra, situación que implica la duplicidad de conceptos de obras y por consecuencia la duplicidad del pago de los mismos”.
También destacó que “se abusó de los procedimientos de contratación bajo la excepción de la licitación, optando por las adjudicaciones directas aun cuando las causas no se encuentran justificadas, por lo que resultan irregularidades en materia de obra pública y un mal manejo de las finanzas del gobierno del estado”.
Por todo lo anterior, Lizzie Moreno desde la tribuna Legislativa señaló que “todos los actos deben de ser investigados y que como legisladores daremos puntual seguimiento a todos y cada uno de los hallazgos para que se investiguen, y sean presentadas cada una de las denuncias ante la fiscalía anticorrupción, y ante las instancias correspondientes, para llegar hasta sus últimas consecuencias y deslindar responsabilidades”.
Reconoció que la OSAFIG “ha hecho su tarea y entrega en tiempo y forma los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2020 del Ejecutivo del Estado” y agregó que esta Legislatura a través de la Comisión de Hacienda, Fiscalización y Cuenta Pública los ha analizado y en virtud de las observaciones e irregularidades encontradas y propuso “no aprobar la Cuenta Pública del Ejecutivo Estatal correspondiente al año 2020”.
Al ser sometido e votación el dictamen mencionado y presentado por Lizzie Moreno fue aprobado por unanimidad.