*Por Ley les corresponde 42 millones 955 mil pesos del Presupuesto del IEE que es de 62 millones 992 mil 976 pesos
*No hay respuesta del Gobierno para recursos extraordinarios por elección judicial; se requieren 48 millones 149 mil 630 pesos
Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- De los 62 millones 992 mil 976 pesos aprobados por el Congreso del Estado como Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 del Instituto Electoral del Estado, los partidos políticos “obtendrán” el 68.19% del mismo, lo que equivale a 42 millones 955 mil 110 pesos, dejando para la operatividad del órgano electoral tan solo 20 millones 37 mil 866 pesos.
Esta situación, más “pone en grave riesgo” los trabajos, actividades y funcionamiento operativo del Instituto Electoral del Estado.
Cabe recordar que el Congreso del Estado realizó una recorte presupuestal al IEE por más de 43 millones de pesos a los alrededor de 107 millones de pesos que había aprobado el Consejo General para dar cumplimiento a sus tareas constitucionales y legales en 2025, destinando sólo la cantidad de 62 millones 992 mil 976 pesos para este año.
De los casi 63 millones de pesos autorizados por el Poder Legislativo, 42 millones 955 mil pesos son para el financiamiento público al que tienen derecho por ley los partidos políticos (el 68.19% del presupuesto total autorizado), de los cuales el Instituto Electoral no puede disponer ni un centavo para su gasto corriente.
Es decir, para el gasto operativo del organismo en este 2025, únicamente quedaron 20 millones 37 mil 866 pesos, equivalente a tan solo el 31.81% del presupuesto global necesario para esta institución.
En ese sentido, a pesar de la reasignación presupuestal que aprobó el Consejo General del IEE, los poco más de 20 millones de pesos “sólo dan cobertura parcial, hasta el mes de junio de este año 2025”.
El órgano electoral advirtió “la imposibilidad en el cumplimiento de los trabajos y fines que le encomiendan las constituciones federal y local, leyes en la materia y demás preceptos legales”.
Asimismo, se comentó que hasta la fecha y pese a tener en puerta el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial (1 de junio) el órgano electoral no tiene certeza de los recursos económicos con que contará para desarrollar este proceso la preparación de la elección, la Jornada Electoral y los resultados y declaración de validez de las elecciones a cargos de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y Juezas y Jueces de Primera Instancia, del Poder Judicial del Estado.
Como parte de las actividades, el Instituto requerirán recursos financieros para emprender múltiples acciones, entre ellas la contratación de Supervisoras/es Electorales Locales y Capacitadoras/es Asistentes Electorales Locales; trabajos preparatorios y relativos al voto anticipado; la instrumentación, operación y funcionamiento del Sistema de Cómputo Abierto; la preparación y realización de debates entre las y los aspirantes a los diferentes puestos de elección; el monitoreo de programas de radio y televisión que difundan noticias durante las campañas electorales.
Además se contempla la instalación de los diez Consejos Municipales Electorales (CME), la impresión y adquisición de documentación y materiales electorales, así como de los manuales para la observación electoral, para las y los funcionarios de casilla respecto a las elecciones locales; adecuación y avituallamiento de bodegas electorales que se encuentran en cada uno de los Consejos Municipales Electorales; seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral del primero de junio de 2025; realización de los cómputos; entre otras actividades.
Derivado de lo anterior, el Instituto aprobó el proyecto de presupuesto para llevar a buen término el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Colima 2025, con la cantidad de 48 millones 149 mil 630 pesos, “para afrontar la organización y vigilancia de la elección extraordinaria con los estándares de eficiencia y eficacia que la sociedad colimense demanda, cumpliendo con los principios establecidos en la normatividad de la administración de recursos públicos”.