El diputado priísta Germán Virgen Verduzco presentó la iniciativa de reforma para disminuir de 8 a 5 magistrados el quórum legal para la instalación de sesiones del STJE donde el total de magistrados es de 10.
El documento fue aprobado por la mayoría de diputados priistas en asuntos generales sin la dictaminación de las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes.
En entrevista, el panista Milton de Alva Gutiérrez consideró una intromisión del poder legislativos en asuntos del STJE y que el punto en mención no estuvo a consideración de ningún otro grupo parlamentario representado en el congreso.
Milton de Alva insistió en que no es posible que con apenas el 50% de sus integrantes esté sesionando este tribunal colegiado por una serie de argumentaciones que no vienen a lugar “y que nosotros lo manifestamos que como ocurre en el Congreso que debe ser el 50% más uno, porque qué va a pasar con el otro 50% en las tomas de decisiones”.
El legislador albiazul dijo que este es un tema muy delicado sobre todo tratándose de un área de la impartición de justicia donde impacta a la mayoría de los ciudadanos por no decir que a todos.
“Se manejó en un fast track, como usualmente lo maneja el PRI cuando lo manejan a las conveniencias y ya ven el resultado, ahorita está en riesgo la impartición de justicia con esta toma de decisiones y vamos a ver qué es lo que viene”, dijo.
El panista dijo que a consecuencia de esta reforma “ya hay voces que hablan de que al interior del Supremo Tribunal existe una situación anómala, que no hay el pago correspondiente al pago de las pensiones que se les descuentan a los trabajadores, entonces hay que meterse a este asunto e ir más al fondo, porque sí puede haber algunos actos de corrupción”.
A su vez, Francisco Rodríguez García, presidente del Consejo Político Estatal del PRD, consideró como un acto autoritario ordenado por el titular del ejecutivo Mario Anguiano Moreno que quiere gobernar a Colima como a su caballo “A chicotazos y sombrerazos”.
Lamentó que esta decisión vaya a afectar el funcionamiento del STJE porque ahora el presidente, Rafael García Rincón, podrá poner a jueces y secretarios a su antojo.
Consideró inadmisible que Rigoberto Salazar Preciado, diputado del PRI, haya descartado sin investigar los presuntos actos de corrupción que denunció la magistrada Rocío López Llerenas y que tampoco actúe el líder sindical Víctor Vázquez para defender a sus agremiados.
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