Oficializan la “extinción” del Instituto de Transparencia del Estado

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*Sus funciones serán asumidas por la Contraloría General del Estado *En 90 días se deberá de realizar la reglamentación *Los derechos laborales de los empleados del Instituto “serán respetados y garantizados en su totalidad. *La iniciativa pasa a comisiones

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Sexagésima Primera Legislatura del Estado oficializará “la extinción” del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, y cuyas funciones serán absorbidas por la Contraloría General del Estado.

La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto fue presentada en asuntos generales de la Sesión Ordinaria de este día por el Partido Morena y sus aliados en la Legislatura del Estado y propone reformar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

En dicha iniciativa que paso a comisiones, los legisladores de la “Cuarta Transformación” establecieron que “las atribuciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, serán asumidas por las autoridades de la Contraloría General del Estado, en los términos que establezcan las leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de instituciones públicas.

El procedimiento de extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima se deberá iniciar al día siguiente de la publicación de las normas secundarias y deberá concluir en un plazo no mayor de 90 días naturales.

Se establece que en tanto no se expida la legislación secundaria para dar cumplimiento al decreto en materia de acceso a la información y protección de datos personales “seguirán aplicando las disposiciones normativas en la materia.

“Los actos jurídicos emitidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, surtirán todos sus efectos legales, hasta en tanto entre en vigor la legislación secundaria”.

Asimismo, se señala que “la Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, que a la entrada en vigor del Decreto “continúa en su encargo, y concluirá sus funciones cuando concluya el procedimiento de extinción”.

Respecto a los trabajadores del Infocol, se señala que “los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, “serán respetados y garantizados en su totalidad, en términos de la legislación secundaria”.

Respecto a la Ley Secundaria, se señala que “la ley establecerá mecanismos de acceso a la información pública y a los datos personales, así como procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las autoridades garantes siguientes:

“Del Poder Ejecutivo, por conducto de la Contraloría General del Estado, por sí o a través del ente que se determine en la ley respectiva, quien también conocerá de los asuntos en materia de trasparencia de los municipios de entidad y las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal;

“Del Poder Judicial, a través del órgano de control y disciplina, por conducto del ente que determinen mediante la ley, reglamento o acuerdo correspondiente, quien conocerá de los asuntos en materia de transparencia de su competencia;

“Del Poder Legislativo, a través de la contraloría interna, por sí o a través del ente que se determine en la ley o reglamento correspondiente, quien conocerá de los asuntos en materia de transparencia de su competencia;

“De cada uno de los órganos autónomos previstos en esta Constitución, a través de su órgano interno de control, por conducto del ente que determinen mediante la ley, reglamento o acuerdo correspondiente, quien conocerá de los asuntos en materia de transparencia de su competencia”.

Los Legisladores se dieron un plazo de 90 días a partir de la publicación del decreto para que se realicen las Leyes Secundarias sobre esta reforma.

La iniciativa presentada en asuntos generales paso a Comisiones Legislativas para su dictamen.