Entre esos puntos que exigió se clarifiquen, mencionó que se encuentra el caso de un terreno donado para la construcción de un hospital Puerta de Hierro; la venta de terrenos de playa en la zona conocida como La Boquita, en Manzanillo, que se entregó a la iniciativa privada a un precio de 11.5 millones de dólares, cuando su precio real era de más de 80 millones de dólares; la entrega de concesiones de taxi “no muy clara”, y de obras de escasos sentido social o de dudosa ejecución, entre otros asuntos que demandan transparencia.
Solicitó que se transparenten cada uno de los asuntos “que han originado inconformidad entre la población colimense y de ser procedente, se deslinden responsabilidades”.
El diputado dijo que son asuntos que son “un secreto a voces, que no es posible ignorar o disimular porque se corre el riesgo de que lleguen a rebasar la capacidad de las instancias de gobierno para procesarlas de manera institucional”.
La contestación a las demandas del legislador del Partido Nueva Alianza fue rápida por parte del propio Ejecutivo Estatal, Mario Anguiano Moreno, quien señaló que “si el Legislador tiene pruebas de sus denuncias, las presente con la finalidad de que se realicen las investigaciones necesarias.
Aclaró que en su administración ha existido transparencia, pues todos los asuntos ventilados por el Legislador se han estado aclarando. “Es respetable la opinión del diputado Nicolás Contreras. Si usted me pregunta si coincido con él, yo le digo que no”.
Dijo que todos los asuntos ventilados públicamente, en el caso de La Boquita, en Manzanillo, las concesiones de taxi, y otros temas, son asuntos que se han venido clarificando, se ha platicando y profundizando con los mismos partidos políticos, “sin embargo es su derecho como diputado esa postura”.
Insistió en que “cuando se hace un planteamiento como esos es indispensable presentar pruebas. Me parece que es incorrecto que se mencione de manera muy general, porque entonces se desacredita a todos los funcionarios y no me parece que sea sano”.
Invitó al Legislador a presentar pruebas sobre sus dichos y sólo así se podrían hacer las revisiones que se requieran por parte del Congreso. Agregó que “la institución que está facultada para hacer la revisión de en qué se gastan y cómo se gastan los recursos, es el propio Congreso el Estado; tiene un Órgano Superior de Fiscalización y es ahí donde se debe analizar esos asuntos”, concluyó.