Por: Ángel Durán.
Se sabe que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado del Dr. Bernardo Alfredo Salazar Santana, pidió licencia en el cargo de Presidente, para continuar en su cargo de magistrado e integrarse a la Sala como cualquier otro miembro del Pleno. En su lugar fue designada interinamente, la magistrada Leticia Chávez, por el resto del periodo a la presidencia que le quedaba al magistrado Salazar Santana.
El movimiento se dio de manera sorpresiva, pues ayer a mediodía en Pleno, intentaron también que la presidencia que provisionalmente toma la magistrada Leticia Chávez, se prorrogara dos años más, a pesar de que este acto electoral que lleva a cabo el Pleno para designar al Presidente o Presidenta, por ley, se debe dar en el mes de noviembre.
Sin embargo, por una estrategia de los magistrados afines al expresidente del poder judicial, se intentó hacer el día de ayer en Pleno, cosa que no se logró, y quizá fue lo mejor para nuestro sistema judicial, porque el poder judicial si hubiese visto muy mal, que siendo una autoridad que imparte justicia, violentara la ley.
Estamos en una crisis en materia de justicia, vemos como, incluso los poderes públicos, violentan la ley de manera absurda y a pesar de las críticas sociales y medios de comunicación, se muestran inmunes, insensibles y esto, manda un mensaje de descomposición institucional hacia la sociedad, pues si quien hace la ley y el que la aplica, no la obedece, significa que estamos en la antesala de la autodestrucción del Estado de derecho y eso no se debe permitir.
¿Cuál es la preocupación en estos momentos para salvar al poder judicial de esta crisis que pasa? por un lado, es probable que se esté pensando en la renovación total de los integrantes del Pleno y esto puede ser bueno o malo; sería bueno, si el resultado del cambio de cada uno de los magistrados y magistradas, previamente se hiciera una evaluación objetiva en donde solamente se queden los que tengan los mejores méritos y capacidades, así lo dice la Constitución y así lo puede pensar incluso, cualquier persona que piense en tener un buen sistema judicial.
Sería malo, si quien está pensando en la recomposición del Poder Judicial, sigue utilizando la misma mecánica de discrecionalidad para designar a las nuevas magistraturas, pues eso no ayudaría al saneamiento del Poder Judicial, seguiríamos con el mismo problema.
Estamos en el momento adecuado de que, tanto el poder ejecutivo, como el poder legislativo, cambien la dinámica de integrar el Poder Judicial y dejen atrás la costumbre de la discrecionalidad o de mandar incondicionales a esos cargos, pues necesitamos fortalecer la división de poderes es la única forma de empezar a construir una entidad federativa: autónoma e independiente, que cada poder haga lo suyo y que los tres juntos, trabajen para tener un sistema judicial eficiente.
Necesitamos pasar de la costumbre tradicional nefasta de designar a juzgadores en el Estado tal y como se venía haciendo y pasar a utilizar los mejores estándares de procesos en su designación para construir un poder judicial fuerte, en donde se busque, siempre el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos, solamente así estaremos construyendo las bases fuertes de un estado de derecho adecuado para proteger la dignidad humana de las y los colimenses.
Esto le corresponde al poder ejecutivo y el poder legislativo, es tiempo de aplicar la ley correctamente y es tiempo de que el poder político cumpla con lo que dice la Constitución; pues finalmente, todo servidor público cuando entra desempeñar el cargo, jura respetar la Constitución, y es necesario mostrar esa congruencia a la hora de ejercer el cargo.
El presidente López Obrador ha citado en reiteradas ocasiones la frase: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”
Bueno, cuando menos sus servidores públicos afines le debieran dar contenido.
Igual parafraseando al presidente, él usa el principio: Por el bien de todos, primero los pobres.
En este caso: Por el bien de la justicia; hay que respetar y aplicar la ley.
www.angelduran.com