TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Si la memoria no me falla, no ha habido en la historia de Colima ningún político destacado o funcionario de alto nivel en los últimos cien años que haya pisado la cárcel a pesar de la multiplicidad de motivos para que eso hubiere ocurrido, lo que evidencia un fracaso absoluto del sistema de justicia de los distintos regímenes y su correspondiente complicidad. La corrupción y la impunidad han reinado a plenitud tomadas de la mano. Pero eso sí, los penales están atiborrados de gente que ha cometido faltas menos graves que las de muchos servidores públicos. Hoy mismo, casi se glorifica como hombre de bien a Emilio Lozoya, se le declara héroe nacional y se exonera al general Salvador Cienfuegos que en su nombre de pila refleja su condición de privilegio.
Pero palabras siguen sobrando. El discurso de combate a la corrupción continúa en un incesante bla, bla. Los funcionarios vinculados de una u otra forma al área de persecución de justicia en todos los niveles administrativos, los periodistas honrados que se atreven a cuestionar la criminalidad y los académicos podrían escribir muchos libros sobre supuestos éticos, entretenerse mientras el poder no reacciona como debe ser ante la inseguridad y otros rezagos estorbosos para el buen vivir.
Colima está atrapado en un sistema político que prohíja la impunidad y la corrupción. Aquí han salido políticos riquísimos que no se esmeran en ocultarlo e incluso lo presumen, políticos – empresarios que no ocultan su desfachatez pues se hacen fotografiar en revistas dedicadas a ensalzarlos diciéndose a sí mismos triunfadores, hombres de negocios, pagando muy caro el tributo a su soberbia pues dinero es lo que más les sobra.
Precisamente, no hace mucho tiempo abrió la boca el fiscal estatal anticorrupción para decir que en los dos últimos años del funcionamiento de esa área, (Diario El Noticiero 27 de julio), se abrieron 367 carpetas de investigación que contemplaban posibles delitos como el de abuso de autoridad, uso ilícito y aprovechamiento de atribuciones y peculado. ”Hay siete imputados, de los cuales tres cumplen medidas cautelares.”
A decir verdad, mejor que no haya hablado, son pocos expedientes y eso una cosecha magra. Colima ha sufrido los últimos años, en la administración del estado, una gran ordeña cuyos autores gozan de estabilidad monetaria, libertad y salud y no pocos ostentan aún cargos públicos. Se trata de personajes que desviaron el camino noble del servicio y se sirvieron a sí mismos. Lo siguen haciendo. Se han beneficiado, reitero, del sistema de corrupción e impunidad que prevalece. En estos momentos, algunos quizás tiemblen porque el presidente López Obrador ha insistido en que su gobierno no tratará con delincuentes y “guardará su distancia en una actitud precavida”. Pero por lo pronto, la cobija de la impunidad es tamaño King Size, alcanza para muchos.
Y es que el propio sistema ha creado sus propios aparatos para auto protegerse, elige a quienes los dirigen y hace malabar y medio para impedir que ciudadanos libres hagan acto de presencia en su administración, contando a veces con la colaboración de congresos maiceados que se hacen una con los intereses locales ( Caso Comisión Estatal de Derechos Humanos), una de las dependencias en teoría autónomas que se ha constituido a lo largo y ancho del país en alcahuete de los gobernadores de turno en una actitud simuladora que debería merecer castigo a sus coordinadores.
Digo entonces que estamos en presencia de una sociedad sitiada por el propio Estado, vulnerable, desprotegida y con ánimos reducidos de luchar por sus propias causas. Hoy, el Estado no es fiable respecto de muchas garantías individuales y sociales. Ha dejado a grandes sectores de población en el olvido. El coronavirus se da gusto por estos días, haciendo víctimas preferentes a personas de edad mayor que viven en pobreza y no alcanzan cupo en hospitales públicos. En el ámbito de las leyes, siguen las ejecuciones, los secuestros, las desapariciones forzadas de gente inocente, las fosas clandestinas, los feminicidios y una serie de delitos graves que atentan contra la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
Es importante multiplicar esfuerzos, comprometerse de una vez por todas a asumir responsabilidades de forma tal que pueda demolerse el muro de la impunidad. A los ciudadanos compete conducirse con cabalidad y luchar por sus derechos políticos y civiles. Salir a la calle cuantas veces sea necesario hasta que los autistas respondan. Por naturaleza, las instituciones públicas padecen sordera y son indiferentes a reclamos populares, pero a fuerza de hacerse oír estos, terminan por ceder ante la presión. La calle es ahora donde se corretea a la justicia.
Es necesario construir una ciudadanía integral a partir del reconocimiento y expansión de los derechos cívicos, sociales, económicos y culturales que, juntos, constituyen un conjunto articulado e indivisible básico para el buen vivir de todos.