Por: Ángel Durán
Uno de los objetivos principales del Estado mexicano es combatir la impunidad en la comisión de delitos y garantizar la protección tanto de las víctimas de delitos como de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad evidencia que este objetivo está lejos de cumplirse.
La confianza de la sociedad en el sistema de justicia penal y en las instituciones mexicanas se ha erosionado profundamente debido a las fallas estructurales y operativas que han perpetuado un índice de impunidad superior al 99% desde la reforma constitucional de 2008.
El sistema de justicia penal acusatorio y oral, diseñado para ser moderno, eficiente y garantista, no ha logrado consolidarse como una herramienta eficaz contra la impunidad.
En muchos casos, los operadores del sistema – jueces, fiscales, policías y peritos – siguen arrastrando los vicios del antiguo sistema inquisitivo, replicando prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia.
El Estado mexicano está obligado no sólo a identificar a los responsables de cada delito, sino también a someterlos a proceso y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Las deficiencias del sistema penal en México han sido documentadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe de 2015 titulado “Situación de los Derechos Humanos en México” destacó el impacto devastador de la impunidad en el tejido social y la falta de una respuesta estatal efectiva para proteger a las víctimas.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias clave que evidencian la responsabilidad internacional del Estado mexicano por no garantizar el acceso a la justicia.
Entre los casos más emblemáticos destacan: el caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México (2009), donde se declaró la responsabilidad del Estado por no investigar adecuadamente los feminicidios en Ciudad Juárez; el Caso Radilla Pacheco vs. México (2009), en el que se ordenó fortalecer la independencia de las instituciones para evitar abusos de autoridad; el caso Atenco vs. México (2018), que evidenció la responsabilidad estatal por actos de tortura y violencia sexual cometidos por fuerzas de seguridad; el caso de Digna Ochoa y familiares vs. México en 2021, entre otras
En cada una de estas sentencias, la Corte destacó la obligación de los jueces, fiscales, policías y peritos de actuar con independencia, profesionalismo y compromiso con los principios del sistema acusatorio.
Además, señaló la necesidad de implementar políticas públicas integrales para reforzar las capacidades de los operadores del sistema penal y garantizar su independencia frente a posibles injerencias.
Para que el sistema de justicia adversarial funcione como fue diseñado, es importante abandonar las prácticas inquisitivas que siguen prevaleciendo.
La modernización del sistema de justicia penal no debe limitarse a un cambio en la legislación, sino que requiere un esfuerzo colectivo para transformar la cultura jurídica en México donde se incluya: la concientización social liderados por organizaciones de abogados, universidades y defensores de derechos humanos, capacitar a jueces, fiscales, policías y peritos en los principios del sistema oral humanistas, políticas públicas efectivas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia de las instituciones de justicia y el compromiso activo de la sociedad para demandar un sistema de justicia funcional y confiable.
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado repetidamente el impacto de la impunidad en México, instando al Estado a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de los derechos humanos.
Según el informe “Índice Global de Impunidad” de 2022, México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en niveles de impunidad, lo que refleja la urgencia de reformar no sólo las estructuras legales, sino también las prácticas cotidianas en el sistema de justicia.
La lucha contra la impunidad no puede recaer exclusivamente en las instituciones estatales.
La sociedad civil, la academia y los litigantes tienen un papel fundamental en la promoción de un sistema de justicia funcional.
Es momento de unir esfuerzos para demandar un cambio real, generar conciencia social y trabajar en la construcción de un sistema que honre los principios de la justicia oral.
La comunidad jurídica debe ser la punta de lanza en este esfuerzo, fomentando espacios de diálogo y exigencia que contribuyan a superar las deficiencias actuales.
Solo a través de un esfuerzo colectivo lograremos que el sistema de justicia penal sea una herramienta eficaz para combatir la impunidad, proteger a las víctimas y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones.
El reto es grande, pero el compromiso con la justicia lo es aún más.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.