Por: Ángel Durán
Hoy México no solo debate una reforma judicial: enfrenta el escrutinio del sistema interamericano de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido a trámite una queja promovida por más de 1100 jueces —y respaldada por miles de integrantes del Poder Judicial— inconformes con la reforma impulsada desde el poder político.
La pregunta de fondo es clara y directa: ¿se está transformando la justicia o se está comprometiendo su independencia? La ruta de solución también lo es: abrir el debate, revisar el alcance de la reforma y garantizar que cualquier cambio respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La admisión del caso por la CIDH no es un asunto sencillo. Significa que el organismo internacional encontró elementos suficientes para analizar si en México se vulneran principios como la independencia judicial, piedra angular de cualquier democracia.
Incluso, el Estado mexicano ha sido emplazado para responder en un plazo aproximado de cuatro meses, lo que coloca el tema en una dimensión internacional que trasciende el debate interno.
El contexto es delicado desde el punto de vista Internacional.
La reforma judicial ha planteado, que todos los juzgadores en México serán electos mediante voto popular y así se hizo ya cuando menos en el 50% de este poder.
Aunque la intención declarada es democratizar el sistema, diversas voces advierten que este modelo ha abierto la puerta a la politización de la justicia.
Como ya se ha reflexionado anteriormente, la independencia judicial no es un lujo, sino una garantía para la protección de los derechos humanos, pues permite que los juzgadores resuelvan sin presiones externas ni intereses políticos.
La CIDH, al admitir esta queja, entra a revisar precisamente eso: si los cambios propuestos o implementados implican un retroceso en los estándares de protección judicial que México se comprometió a respetar desde su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Bajo el principio de no regresividad, los Estados no pueden debilitar estructuras que garantizan derechos fundamentales, y el sistema de justicia es una de ellas.
Ahora bien, es importante no caer en simplificaciones. Este proceso no significa que México haya sido condenado.
Se trata apenas de una etapa inicial que puede prolongarse durante años.
Sin embargo, el hecho de que el caso pueda escalar eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos —cuyas sentencias sí son vinculantes— abre un escenario inédito: que una reforma estructural del Estado mexicano sea revisada y eventualmente cuestionada a nivel internacional.
El trasfondo es profundamente social. No se trata solo de jueces defendiendo su posición, sino del impacto que estas decisiones tendrán en la vida cotidiana de las personas.
Porque cuando la justicia pierde independencia, quien pierde realmente es la sociedad: aquel que busca defender su libertad, su patrimonio o su familia frente al poder.
México se encuentra en una encrucijada histórica. La transformación del sistema judicial puede ser una oportunidad o un riesgo, dependiendo de cómo se conduzca.
Como sociedad, no podemos permanecer al margen. Es momento de informarnos, participar en el debate público y exigir que cualquier reforma fortalezca —y no debilite— el acceso a una justicia imparcial.
La justicia no debe responder a mayorías momentáneas ni a intereses políticos: debe responder al derecho. Y esa es una responsabilidad que no solo corresponde al Estado, sino a todos nosotros.
Porque al final, defender la independencia judicial, es defender nuestra propia libertad.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.