Por: Marco Antonio Ruelas Tostado
Hace un par de semanas concluyó la Consulta Ciudadana impulsada por el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador para conocer el rumbo del NAIM, misma que se efectuó tras cuatro días de votación. Los cuales arrojaron como resultado la opción Santa Lucía y acondicionamiento del actual aeropuerto de la CDMX y el de Toluca.
Como secuelas de la misma, nos deja a los mexicanos una contundente ausencia de gobernabilidad en el gobierno electo, y es que, es un momento oportuno para recordarnos que el termino se refiere a un proceso por el cual la autoridad lleva acabo políticas y toma de decisiones en la vida pública como en el desarrollo económico y social de esta entidad federativa.
La gobernabilidad del estado junto con la sociedad se efectúa mediante un compromiso bilateral para velar por el equilibrio y estabilidad de nuestro país. En cualquier democracia existen principios básicos en los que se trabaja, uno de ellos es la percepción de la legitimidad, misma que tienen en ambas cámaras y que decidieron heredar una responsabilidad a una minoría bajo un censo disfrazado de consulta ciudadana.
Entendamos que legalidad y legitimidad son dos términos diferentes y permítanme explicarlo de esta manera; Legalmente hoy el gobierno electo tienen la mayoría en ambas cámaras para llevar a cabo una consulta popular, bajo la legalidad de la “Ley Federal de Consulta Popular” (DOF 14-03-2014), la cual establece en su Artículo 3. “La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia”.
Si esa consulta se hubiese realizado bajo legalidad y respetando el marco jurídico, con toda certeza podemos decir que el resultado de la consulta tiene legitimidad.
Por eso insisto en no mal llamar “consulta popular” a lo que solo fue un “censo popular”, con la finalidad de evitar un fracaso mediático y político.
Es aquí cuando me permito citar al gran escritor y poeta Henry Charles Bukowski con su frase; “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”, siendo así que se le responsabilizó al pueblo de una decisión que en caso de fracasar con sus resultados, será el pueblo responsable, incluso a quienes no participaron en este ejercicio.
En esta jornada se presentaron más de un centenar de denuncias de ciudadanos votando más de una vez y dejemos claro que no fueron acciones para favorecer un resultado, sino para dar a conocer la deficiencia con la que se realizó este ejercicio, y la falta de instituciones que regulen el proceso, ¿Es acaso que el “Al Diablo con las Instituciones” se está haciendo presente?
Entiendo que entre la demagogia de un discurso de izquierda se exprese la importancia de darle voz y voto al pueblo, pero no los engañemos, la ley se hizo para ser respetada, y si los intereses mediáticos no les permite sentirse cómodos en su discurso con las actuales leyes, al menos simulen que la respetan.
Un segundo principio es la importancia central del papel de los ciudadanos, donde millones de ellos le dieron gobernabilidad al partido y gobierno electo, y son ellos quienes deben ejecutar gobernanza, que no se confundan estos dos términos, ya que la gobernanza se refiere únicamente a la calidad de respuesta que ofrece el Estado, mientras que gobernabilidad se basa en la capacidad técnica y política con la que el Estado cuenta para dar solución a las demandas de la sociedad.
Gobierno electo y seguidores del mismo, no se asusten por ser criticados, señalados, incluso observados, comprendo la acción de tomar en cuenta la voz de nosotros los mexicanos. Los convoco a tomar decisiones y que se lleve a consulta la evaluación de los resultados de las mismas, porque ni un voto por voto y casilla por casilla nos daría certeza de lo que en esas urnas se depositó.
Sí, lo sé, aun no toma posesión el presidente electo, pero por ello mismo, respeten las actuales leyes, serenense.
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