Análisis Político
Por: Abel González Sánchez
La regularización o autorización para que presten el servicio público las unidades denominadas mototaxis se ha estado postergando debido a que es un asunto muy complejo para el Congreso del Estado y para los partidos en el poder, pero más aún para el Gobierno del Estado, porque en él recae la más alta responsabilidad política y social sobre el futuro del del transporte público en la entidad conforme a nuestra constitución local, además hasta la Suprema Corte ha impedido que se extiendan o regularicen porque las consideran inseguras y de alto riesgo para la población.
En Colima y en muchos estados del país se detuvo la modernización del transporte público porque ahora va al revés, es decir va para atrás, se va rezagando, envejeciendo y convirtiéndose en camiones urbanos y sub urbanos de chatarra sin poder renovarlos, porque dejó ser rentable, pues hoy cuestan más de dos millones de pesos los más baratos y de 36 plazas, hace 25 años costaban cerca de medio millón de pesos, en el año 2000 para ser exactos iniciamos por la autorización de la nueva tarifa difícilmente comprar el primer camión nuevo, lo afirmo porque en ese tiempo era dirigente transportista, así se disparó la compra de camiones urbanos nuevos en Colima, en Tecomán y en Manzanillo, sustituyendo a los microbuses, se adquirieron con facilidades cientos y cientos de camiones urbanos nuevos porque el gobierno estatal permitió que circularan en las mejores rutas para pagarlos, los pagos eran de 20 mil pesos mensuales, hoy si ganan limpios 10 mil pesos mensuales es mucho, por eso están por desaparecer, están en la lona, en la quiebra, no es rentable el transporte urbano y tampoco los taxis.
Si recordamos antes las concesiones de los camiones urbanos y más aún de los taxis costaban hasta un millón y medio de pesos, era el valor del mercado negro o blanco, pero hoy hemos visto que los pobres concesionarios las rematan en menos de medio millón de pesos porque ya no es muy rentable y porque no hay choferes que quieran trabajar, si es una concesión de camioneta de taxi las venden en 300 mil pesos, pero si es concesión de camión urbano hasta en 250 mil pesos las sueltan, son las más castigadas, simplemente porque ya dejaron de ser negocio los camiones urbanos, son los que recibieron más fuerte el impacto de los últimos 25 años.
¿QUIÉN TIENE LA CULPA DE LA CRISIS? No es de los transportistas, ni de la gobernadora, ni del gobierno estatal y menos de la Subsecretaría de Movilidad ni del Congreso del Estado, pues Movilidad no tiene ni personal adecuado ni para atender la problemática local, el problema del rezago y de la caída libre del transporte público proviene por una falta de planificación nacional o federal y de coordinación con los estados, pues decidieron liberar el servicio del transporte público mediante el uso de las plataformas digitales para que la ciudadanía pueda trasladarse en cientos y cientos de autos particulares como Uber, Cabify, DiDi, Bolt, etc. y de paso en algunos municipios y estados aparecieron a competir también las famosas mototaxis, pues valoran que en el estado de Colima hay cerca de tres mil mototaxis laborando en Manzanillo, Tecomán, Armería, Cuauhtémoc y otros municipios, agravando el problema, el transporte público está en una verdadera crisis silenciosa.
LA FALTA DE TARIFA TRONÓ A LOS URBANOS Mientras que mensualmente subía el precio del diésel o combustible de los camiones urbanos los gobiernos los ha obligado a mantenerla sin modificación por más de cinco años para autorizarles un solo peso, cuando debe ser un peso cada dos o tres años, además ahora los taxis no respetan sus sitios a que fueron asignados o concesionados, y les quitan el pasaje a los camiones en los paraderos.
La solución no será tan sencilla como parece, quizás para los legisladores de Morena y sus aliados como mayoría basta levantar la mano y así aprueben o no el uso de los mototaxis, tal como lo hacen los diputados locales sin medir las consecuencias de sus actos, como lo sería para los concesionarios tradicionales, pues los gobernantes y políticos no arriesgan nada de sus bolsillos, ellos no pierden, ganan mensualmente su sueldo, por ello es un reto para el Congreso y para el Gobierno del Estado autorizar las mototaxis debido a la proliferación de este medio de transporte y la necesidad de regular su uso para garantizar la seguridad vial y el orden público, porque no podemos afirmar tampoco que los taxis y camiones urbanos y sub urbanos cubren bien las colonias apartadas y localidades alejadas, todos los taxis se concentran en las ciudades porque deben de pagar la renta diaria a sus dueños. Se requiere un Consejo Técnico del Transporte Público para avanzar.
Por lo anterior la solución no es tan sencilla, sobre todo cuando solo en la capital del país, en la Ciudad de México, es donde subsidian a los camiones urbanos para la adquisición de unidades nuevas, y en muchos países les otorgan estos subsidios gubernamentales pero aquí y en los estados, carecen de recursos los gobiernos estatales, pues hasta obligan a los camiones urbanos que sigan pagando los descuentos a los estudiantes, a las personas de la tercera edad y con discapacidad, pues nunca paga el gobierno, por tal motivo será un gran reto, por eso es probable que la solución se siga postergando hasta la siguiente administración estatal, pasando las elecciones del 2027 y se continue prestando el servicio de las mototaxis en forma irregular en los municipios antes señalados y que quede claro, no nos interesa si las autorizan o no pero es un asunto de alta responsabilidad social.
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