Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
En este espacio, hace una semana, reconocí el logro financiero del gobierno de Indira Vizcaíno Silva al mejorar la calificación crediticia del Gobierno del Estado, al pasar de BBB+ a A-, un resultado que refleja una mejor posición financiera y que puede traducirse en mejores condiciones de financiamiento y menores costos por intereses.
En ese sentido, el gobierno de Indira Vizcaíno se parece mucho más a aquellos gobiernos que desde Morena descalifican como neoliberales que a la política financiera seguida por el propio régimen morenista.
Ahí está el caso de Enrique Peña Nieto. En abril de 2018, último año de su administración, Moody’s mantuvo la calificación soberana de México en A3 y mejoró su perspectiva de negativa a estable. Es decir, Andrés Manuel López Obrador recibió un país con una calificación A3 estable de Moody’s.
La comparación resulta pertinente porque el gobierno de Indira Vizcaíno ha seguido principios de disciplina financiera, racionalización del gasto y control del endeudamiento. Precisamente por eso las calificadoras han mejorado la nota crediticia del estado.
Algo muy distinto ocurrió a nivel federal durante el gobierno de López Obrador y ha continuado durante la administración de Claudia Sheinbaum.
El dato más contundente está en la deuda. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda pública— rondaba los 10.55 billones de pesos al cierre de 2018. Para el término de 2024 alcanzó aproximadamente 17.42 billones.
Eso significa que solamente durante el sexenio de López Obrador se agregaron alrededor de 6.87 billones de pesos al saldo de la deuda. Para marzo de este año, ya durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, alcanzaba aproximadamente 18.8 billones de pesos.
Como se ve, Indira Vizcaíno ha hecho en Colima algo muy diferente de lo que los gobiernos de Morena han realizado a nivel federal. Y por eso vuelvo a reconocer públicamente esa disciplina financiera. Ahora bien, para comprender la situación actual de Colima hay que mirar la película completa.
En términos sucintos, el gobierno de Mario Anguiano Moreno, en 2015, prefirió cubrir la nómina estatal antes que liquidar sus obligaciones financieras de corto plazo. Aquello desembocó en una severa crisis financiera y dejó al gobierno entrante de José Ignacio Peralta Sánchez sin acceso al mercado crediticio.
Durante el sexenio de Nacho Peralta las calificaciones fueron recuperándose hasta alcanzar BBB-. Ese avance representó subir numerosos niveles desde las calificaciones especulativas que recibió su administración. Once niveles en total.
Sin embargo, ese logro financiero quedó políticamente sepultado por la crisis de liquidez de 2021. Y aquí existe una diferencia importante entre Mario Anguiano y Nacho Peralta: mientras el primero dejó obligaciones financieras sin cubrir, el segundo destinó cerca de mil millones de pesos al final de su administración para liquidar créditos de corto plazo y cumplir con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera.
Eso permitió que el gobierno de Indira Vizcaíno, a diferencia del que recibió Nacho Peralta, sí tuviera acceso al mercado crediticio. Tan es así que al inicio de su administración contrató un financiamiento superior a los 900 millones de pesos.
El costo de la decisión de Nacho en su momento, sin embargo, fue una severa crisis política y social: las y los trabajadores del Gobierno del Estado se quedaron sin recibir oportunamente sus quincenas durante más de un mes.
Posteriormente se logró cubrir esos adeudos laborales con recursos provenientes del denominado bono cupón cero, gestionado desde marzo de 2021 y que, extrañamente, no estuvo disponible sino hasta después de detonada la crisis antes mencionada.
Esa es, a grandes rasgos, la historia financiera de Colima durante poco más de una década. No comenzó con Indira Vizcaíno, como tampoco comenzó con Nacho Peralta. Es producto de decisiones acumuladas durante distintas administraciones.
Reitero: hay que reconocerle al gobierno de Indira Vizcaíno el cumplimiento de los principios de disciplina financiera y la recuperación de la calificación crediticia del estado. Y también reconocer algo que resulta paradójico políticamente: buena parte de esa disciplina descansa precisamente en la Ley de Disciplina Financiera, un instrumento jurídico creado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que, más allá de filias partidistas, ha demostrado en la práctica su enorme utilidad.
Dos puntos
Hay que preguntarnos si las leyes y reformas que impulsa el régimen, como la ley de disciplina financiera, servirán y serán de utilidad dentro de una década o, por el contrario, sólo sirven a la actual coyuntura política y para fortalecer al régimen.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.