Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE confirma por qué importan los contrapesos: no la expuso el régimen, sino la prensa crítica y los documentos públicos. El régimen morenista ya había terminado con organismos autónomos que garantizaban derechos, como el INAI; ahora el escándalo daña la imagen de otro, el INE.
Taddei presentó su renuncia el 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados, tras las revelaciones de Reforma, El Universal y Latinus. Reforma documentó adjudicaciones directas del INE por 197.6 millones de pesos a las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg para el material de la elección judicial de 2025. El Universal reportó un esquema de siete empresas con contratos por más de mil millones de pesos en institutos electorales locales. Y Latinus difundió videos de Taddei con el contratista José Alfredo Hernández Casillas.
En ese contexto, la Auditoría Superior de la Federación investiga, y la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este martes, en la mañanera, una auditoría «muy amplia» que no se limite al último año: «tiene que salir lo que tenga que salir y que se deslinden responsabilidades», dijo, según El Universal. Taddei sostiene que su gestión fue proba y que «esta presidencia no tiene empresas favoritas». Pero, si así fuera, ¿por qué las adjudicaciones directas y no una licitación, que, de hecho, el propio INE había declarado desierta semanas antes?
Contrasta con lo que se dijo al inicio. En la mañanera del 31 de marzo de 2023, el entonces presidente López Obrador celebró que Taddei, elegida por sorteo en la Cámara de Diputados, llegara al INE: «Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo [Lorenzo Córdova]. Es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso». Así hablaba de quien, según documentó Zeta Tijuana en 2025, tiene varios familiares en cargos del gobierno de Sonora, entre ellos uno de sus hijos como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, de Morena.
Lo que permitió conocer el caso fueron documentos públicos: fallos de adjudicación, registros de transparencia y un contrato de 2021 firmado por Taddei cuando presidía el instituto electoral de Sonora. Es la prueba de que combatir la corrupción no requiere discursos, sino mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, justo los que garantizaba el INAI, que el régimen extinguió.
Por eso importa recordar otra decisión de ese mismo INE. En agosto de 2024, su Consejo General asignó a Morena, PVEM y PT el 73% de la Cámara de Diputados con 54.7% de los votos (Morena, 40.8%; PVEM, 8.4%, y PT, 5.5%), una diferencia de unos 18 puntos. El Tribunal Electoral confirmó la asignación el 28 de agosto, por cuatro votos contra uno. Esa mayoría calificada permitió aprobar reformas que eliminaron al INAI y al CONEVAL, y la reforma judicial que cambió la integración de la Suprema Corte, en aquel entonces un contrapeso incómodo para el régimen.
La lección es clara: cuando los contrapesos fallan o dejan de existir, lo que queda para vigilar al poder es la prensa y los registros públicos. De ahí la importancia de recuperar el INAI como garante del derecho de acceso a la información: lo contrario es la opacidad, caldo de cultivo de la corrupción.
Dos puntos
En mayo, cuando Jorge Monroy, de Latinus, le preguntó si había promovido algún contrato o si le habían propuesto uno, Taddei respondió: «Me parece usted muy majadero al hacerme esa pregunta». La respuesta retrata la distancia entre el discurso de transparencia y la actitud ante la pregunta incómoda. El INE debe volver a ser un árbitro ciudadano, y no parecer una oficialía de partes del régimen ni de cualquier otro gobierno.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
