*Sin capacitación para el trato de personal o cómo actuar en una situación alarmante, sin pago de días festivos y sueldo raquítico
Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS|Reportaje
Colima.- Su trabajo es jugarse la vida por una empresa a cambio de un raquítico salario, no les pagan los días festivos, los horarios son complicados, no están capacitados para saber cómo actuar ante una situación de alarma, no portan armas y algunos son groseros con el personal debido a no estar profesionalizados.
“No es una chamba cualquiera, es cansada y no estamos capacitados si alguna persona armada se mete a la empresa que nos toca cuidar”, dice Juan quien decide cambiar su nombre para que no lo despidan.
Desde hace 5 años entró a trabajar a Institucionales Roka una de las 62 empresas de seguridad privada de las que están autorizadas por la Secretaría de Seguridad Pública para ofrecer vigilancia a empresas en el estado.
Él fue designado en una empresa –que por razones obvias se omiten generales- desde hace 2 años.
Juan tiene 56 años de edad, y una familia integrada por su esposa y dos hijos; esto lo motiva a mirar por doquier para que nadie observe cuando le pregunto cuánto le pagan y las horas trabaja.
“Me pagan 2 mil pesos. Trabajo a veces 10 horas, a mi compañero le pagan igual, vivo lejos de esta empresa por lo que diario debo pagar taxi ya que salgo tarde; el dinero no me alcanza”.
Su nivel de estudio es el básico, por lo que se le complicó encontrar un trabajo y se ha dedicado a la vigilancia desde hace años, antes de trabajar en Institucionales Roka lo hizo en otra empresa dedicada al ramo, pero en las dos pasó lo mismo:
“Las empresas para con los agentes de seguridad no cubren con requisitos que una empresa debe tener. Uno cubre con la empresa en venir bien presentable, con zapatos boleados, sin aliento alcohólico, oportuno en su área de trabajo, además que cumplimos con ciertos contratos, pero las empresas no se comprometen con agentes de que cuando estás trabajando duras uno o dos años no te contemplan para vacaciones”.
Además de no dar vacaciones, el vigilante argumenta que no pagan los días 31 de cada mes, y sólo otorgan dos uniformes.
Lo más grave, según Juan, es que no están capacitados en caso de que algún asaltante quiera ingresar a la empresa que cuida.
“No estamos armados, traemos un gas lacrimógeno nada más, pero ¿qué pasaría si entrarán varios?, aquí me matarían para asaltarme”.
Para el vigilante, las empresas de seguridad privada deben ser regularizadas y con supervisión por parte del gobierno estatal, por el sueldo que les otorgan y falta de profesionalismo en capacitación ante la responsabilidad que se les presenta.
El viernes 1 de marzo, el director del Centro de Control y Confianza, Carlos Alberto Mancilla Soto, notificó a gerentes y representantes de las empresas que brindan dichos servicios en la entidad, los lineamientos y requisitos que deberán cumplir el personal de estas empresas para ser evaluado como lo estipula normatividad federal y estatal.
Sobre ello Juan reviró: “No me han dicho nada de eso, pero por mí que lo hagan, no hay ningún problema, pero que también pongan ‘en cintura’ a las empresas”.
Al respecto, el vocero de Seguridad Pública, Félix Humberto Vuelvas Aguilar, a pregunta de COLIMANOTICIAS, sin precisar número, dijo que hay avances, en estos trabajos de evaluación a los empleados de seguridad privada.
“Son requisitos que se cuidan antes de dar autorizaciones correspondiente a empresas privadas”.
El caso más reciente en el que estuvo involucrada una vigilante de seguridad privada ocurrió el viernes anterior, cuando roció gas lacrimógeno a pacientes y familiares que se encontraban en el Hospital General de Tecomán.
La mujer quien fuera detenida por elementos de la Policía Municipal de Tecomán es María Guadalupe Salazar Pérez, empleada de seguridad privada de la empresa “Roka”, quien arrojó el gas afectando a dos personas –uno menor de edad-.
Y es que ello ocurrió luego de que 15 personas exigieron mejor atención a la recepcionista estaba de encargada en el área de urgencia recibiendo las fichas, reclamo que le causó molestia y pidió el apoyo de una empleada de seguridad privada, la cual roció el gas.
El vocero de Seguridad Pública, Vuelvas Aguilar dijo que Salazar Pérez fue consignada por autoridad judicial el delito de lesiones y peligro de daño.
“Está a disposición del juez y se le seguirá el proceso que corresponde y se le dictará la sentencia que marca la ley”.
Mientras tanto el secretario de Salud, Agustín Lara Esqueda, expresó que en los nosocomios hay reglas y normas.
“Ninguna gente puede meterse a los quirófanos –argumentó-, si alguien se mete la responsabilidad es de nosotros, si a un paciente le atienden adentro y lo contaminan es nuestra responsabilidad”.
Aseguró que la trabajadora de seguridad privada fue contratada por el Sector Salud a través de una empresa, quien tenía la instrucción que la gente no puede traspasar a zona restringida del hospital.
“Porque pondríamos en riesgo la vida de los pacientes”.
En tanto la oferta y demanda de servicios de seguridad privada es constante ante la falta de empleo y situación financiera, en tanto las empresas no capacitan a sus trabajadores para alguna situación grave y atender a personal.
