Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Si ya están promoviendo su figura para posicionarse y construir reconocimiento entre el electorado, lo mismo que harán durante la campaña, entonces estamos ante actos adelantados de campaña. Sin embargo, el oficialismo insiste que no existe tal campaña. Por eso estamos ante una campaña electoral fantasma.
Los que no son fantasmas son los actores que promueven estos actos adelantados. Ellos y ellas están más vivos que nunca. Ahí están, para muestra, los casos de Viridiana Valencia, Rosy Bayardo y Virgilio Mendoza —sólo por nombrar los más notorios—, quienes han recurrido a espectaculares, autobuses y pintas de bardas para promover su imagen. Ninguno pide explícitamente el voto —sería el colmo del cinismo—, pero resulta difícil sostener que semejante despliegue publicitario tenga otro propósito que posicionarlos rumbo a 2027.
¿De qué sirve que la ley prohíba los actos anticipados de campaña si, en la práctica, se permite que funcionarios públicos, particularmente los vinculados con el poder político, promuevan sistemáticamente su imagen con evidente proyección electoral? Están desatados en redes y medios para promoverse y permanecer en el imaginario colectivo antes de que comiencen oficialmente.
Estos actos, por lo demás, nada tienen que ver con el acceso a la información o la transparencia: para cumplir esas obligaciones ya existen mecanismos institucionales en los portales de las dependencias y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Lo que buscan estos actores es exposición mediática y posicionamiento personal, por eso se les ve tan activos en redes, donde la información institucional termina personalizándose alrededor del funcionario en turno: el gobierno informa, pero la imagen que permanece es la del gobernante.
Sería tan sencillo como utilizar las vías institucionales para comunicar los programas y acciones de gobierno, sin convertir cada anuncio en propaganda personal. Y si quieren ser influencers, que renuncien a sus cargos y se dediquen por completo al crecimiento de sus redes sociales, como lo hacen cientos de miles de creadores de contenido, sin ampararse en recursos públicos ni en la imagen de una institución.
Porque una cosa es informar a la sociedad sobre lo que hace un gobierno y otra muy distinta utilizar lo que hace el gobierno para construir una candidatura. Ahí está la contradicción: formalmente no hay campaña, pero la promoción política ya está a la vista de todos.
Y en gran parte la culpa es de la laxitud de las autoridades electorales, responsables de que la ley termine convirtiéndose en letra muerta. Bastaría con que el INE y el IEE investigaran y, cuando corresponda, aplicaran las sanciones previstas para quienes incurran en estas conductas. Son, también, entes fantasmas dentro de esta trama de misterio paranormal.
Dos puntos
¿Sabe la Comisión Estatal de Derechos Humanos que el acceso a la información es un derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales? De acuerdo con el PNT, la CEDH ha omitido responder sistemáticamente solicitudes de información, por lo menos en tres ocasiones, sin justificación frente a la afectación de ese derecho. Resulta irónico que la institución encargada de promover y defender los derechos humanos en el estado termine, en estos casos, vulnerando el derecho de acceso a la información, que también es un derecho humano.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
