Por: Indira Isabel García Pérez
La transparencia es fundamental para que las instituciones públicas trabajen de manera abierta y para que la ciudadanía pueda conocer cómo se toman las decisiones, cómo se utilizan los recursos públicos y qué hacen las autoridades para cumplir con sus responsabilidades.
La reforma constitucional del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, modificó profundamente su estructura y funcionamiento. Posteriormente, el 20 de marzo de 2025, se publicaron nuevas leyes generales relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Por lo que dichos cambios hicieron necesaria una adaptación a la nueva organización. Es decir, que dentro del nuevo marco normativo, se estableció la necesidad de contar con una Autoridad Garante para atender los asuntos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales en el Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior es clave para que el Poder Judicial garantice el acceso a la información y la protección de datos como derechos humanos. Esto construye legitimidad institucional, la cual no solo depende de sus sentencias, sino también de su transparencia, administración y respeto a la privacidad.
Para entender la función de la Autoridad Garante, primero debemos tener claro que todas las personas tienen derecho a solicitar información pública y a que sus datos personales sean protegidos.
La transparencia es fundamental para que las instituciones públicas trabajen de manera abierta y para que la ciudadanía pueda conocer cómo se toman las decisiones, cómo se utilizan los recursos públicos y qué hacen las autoridades para cumplir con sus responsabilidades.
La reforma constitucional del Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, modificó profundamente su estructura y funcionamiento. Posteriormente, el 20 de marzo de 2025, se publicaron nuevas leyes generales relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Por lo que dichos cambios hicieron necesaria una adaptación a la nueva organización. Es decir, que dentro del nuevo marco normativo, se estableció la necesidad de contar con una Autoridad Garante para atender los asuntos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales en el Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior es clave para que el Poder Judicial garantice el acceso a la información y la protección de datos como derechos humanos. Esto construye legitimidad institucional, la cual no solo depende de sus sentencias, sino también de su transparencia, administración y respeto a la privacidad.
Para entender la función de la Autoridad Garante, primero debemos tener claro que todas las personas tienen derecho a solicitar información pública y a que sus datos personales sean protegidos.
El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce estos derechos y establece que las autoridades deben respetarlos y garantizar su cumplimiento, sin poner en riesgo los datos personales que deben mantenerse protegidos.
Por ello, la Autoridad Garante tiene precisamente la función de vigilar que estos derechos se respeten dentro de su ámbito de competencia. De ahí que no baste que las instituciones tengan obligaciones de transparencia: también es necesario que exista una instancia encargada de revisar su cumplimiento y atender los problemas que puedan presentarse.
Con base en las nuevas reglas para determinar qué autoridades deben garantizar estos derechos y qué instituciones están obligadas a cumplirlos de manera sencilla podemos distinguir dos conceptos: sujetos obligados y autoridades garantes.
La diferenciación entre ambas figuras es importante ya que los sujetos obligados deben atender las solicitudes que les correspondan cumpliendo la normatividad en materia de transparencia y protección de datos personales; mientras que la Autoridad Garante debe intervenir en los asuntos que sean de su competencia para asegurar que se respeten los derechos de las personas.
Como antecedente, antes de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal concentraba diversas funciones relacionadas con la administración, el control y la disciplina del Poder Judicial de la Federación. Con la actual estructura, esas responsabilidades se distribuyeron en dos órganos, las funciones administrativas y de control quedaron a cargo del Órgano de Administración Judicial, mientras que las relacionadas con la disciplina del personal judicial se asignaron al Tribunal de Disciplina Judicial.
Debido a esto, la nueva distribución de facultades en el Poder Judicial hizo necesario establecer una forma distinta de atender los asuntos de transparencia y protección de datos personales.
Por ello, el 24 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General conjunto que dio origen a la nueva Autoridad Garante del Poder Judicial de la Federación. Esta instancia fue creada con el objeto de atender y resolver los asuntos institucionales en materia de: transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
La transparencia y la protección de datos personales vinculan a todos los órganos integrantes del Poder Judicial; en consecuencia, la recién creada Autoridad Garante debe ejercer las atribuciones que le confieren las disposiciones aplicables.
La nueva Autoridad Garante en el Poder Judicial de la Federación se integra por cuatro personas que presiden:
- La Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal del Órgano de Administración Judicial.
- La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial.
- La Comisión de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial.
- La Titular de la Contraloría de Administración Judicial del Órgano de Administración Judicial.
En esa tesitura, mediante sesión de instalación celebrada el 6 de agosto de 2026, se designó por primera vez como presidenta de la Autoridad Garante en el Poder Judicial de la Federación a la Magistrada Presidenta de la Comisión de Evaluación del Tribunal de Disciplina Judicial, cargo que una servidora tiene el honor de ostentar.
Asimismo, en esa misma sesión se aprobaron las reglas para organizar su trabajo, los lineamientos generales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como las disposiciones relativas a su sede oficial y oficina de recepción de documentos, mismos que permiten establecer cómo debe funcionar la Autoridad Garante.
La creación de la nueva Autoridad Garante trasciende la organización interna del Poder Judicial. La transparencia no solo garantiza el acceso a la información pública conforme a la ley, sino que salvaguarda los límites necesarios para proteger otros derechos.
De ahí que la Autoridad Garante en el Poder Judicial de la Federación tenga como finalidad vigilar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Para ello, podrá interpretar considerando criterios, determinaciones y opiniones; asimismo resolver recursos, imponer medidas de apremio y sanciones. Desde luego, observando lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución General, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Así pues, la actuación de la Autoridad Garante del Poder Judicial de la Federación está sujeta a observar los principios de certeza, congruencia, documentación, eficacia, excepcionalidad, exhaustividad, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
Por lo que la nueva Autoridad Garante en el Poder Judicial representa un paso importante en la organización de las obligaciones relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales con base en su nueva estructura. Su verdadero propósito está en defender los derechos de las personas, hacer la justicia más accesible y transparentar la información pública de forma responsable.
El reto será llevar estas disposiciones a la práctica: responder adecuadamente a las solicitudes de información, resolver los desacuerdos que sean de su competencia, proteger la privacidad y asegurar que las instituciones cumplan sus obligaciones.
De ahí, que el Poder Judicial de la Federación avanza de forma integral en el cumplimiento de lo ordenado por las leyes en materia de transparencia y protección de datos, con el objetivo de abatir la corrupción y sujetar a la administración de justicia a la observación pública y rescatando su confianza.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
