*El Gobierno de Colima regreso recursos de salud que “no fueron “invertidos”.
Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Pagos a personas que ya murieron o se dieron de baja, proveedores que no logran acreditarse como tales e inconsistencias en los padrones de beneficiarios son el denominador común de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló a 7 entidades del país en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025.
En la fiscalización de los recursos del año pasado en Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California se hallaron irregularidades en la documentación comprobatoria, las nóminas, las contrataciones y los sistemas de control interno, según lo presentado a la Cámara de Diputados, de acuerdo con la información publicada en el Periódico Excelsior.
El medio de comunicación expone el caso Colima que es un ejemplo claro, “ya que encontraron personas muertas que cobran en nómina; trabajadores con múltiples plazas en centros de trabajo geográficamente incompatibles; servidores públicos que a la vez ocupaban cargos de elección popular o sindicales; y recursos de salud que el gobierno de Indira Vizcaíno decidió regresar en vez de invertirlos”.
En la nómina educativa, un caso calificado de “delicado”, la ASF determinó más de 25 millones de pesos por aclarar.
En Sinaloa, la nómina educativa y el gasto operativo también presentan pagos a personas fallecidas, dadas de baja o con licencia sin goce de sueldo.
Por ello, antes de la segunda entrega, el gobierno reembolsó 8 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
Hubo además cuentas bancarias adicionales para manejar recursos de un fondo de educación tecnológica para adultos, con depósitos de otras fuentes, reintegros extemporáneos y falta de documentación en contrataciones. Se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y se reintegraron 4.5 millones.
En 2025, a los 20 municipios no se les pagaron los rendimientos financieros de recursos retenidos del fondo de aportaciones federales para infraestructura.
En Baja California Sur, las auditorías al gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío revelan anomalías en nóminas, recursos de salud y educación, incumplimientos presupuestales y más de 26 millones reintegrados.
En salud hay inconsistencias en comprobantes fiscales de nómina y falta de documentación sobre bienes adquiridos, con 7.3 millones por aclarar.
En Chiapas, la ASF documentó 99.1 millones por aclarar y 27.8 millones reintegrados.
Se refieren pagos en conceptos no autorizados, inconsistencias en nóminas educativas, beneficiarios con datos personales irregulares y fallecidos que siguen cobrando.
