Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Ernesto Sánchez Rodríguez, del CEN del PAN, vino a Colima a respaldar a Riult Rivera como su carta azul a la gubernatura, lo cual es lógico y previsible. Pero lo significativo fue colocar también a Mely Romero Celis como la carta fuerte del PRI. De lo anterior se infiere que, incluso para el panismo nacional, la senadora priista es una figura competitiva dentro de la oposición.
Claro, el representante del CEN fue cuidadoso en aclarar que el respaldo no es definitivo: “Eventualmente el PRI va a tomar sus decisiones y va a querer impulsar a la senadora. Con mucho respeto, un saludo. Son aliados”, dijo.
Ahí está el punto central: si PRI y PAN quieren una alianza para 2027, tendrán que resolver quién la encabeza e, igual de importante, cómo garantizar la unidad para sumar al segundo lugar. Y esa respuesta no debería surgir de la presión de un partido sobre el otro, sino de un mecanismo que permita medir el respaldo ciudadano de cada aspirante. Sería absurdo pedirle al PAN que no impulse a su carta, igual que exigir al PRI que renuncie de entrada a la suya. Por eso resulta indispensable que las reglas y los procesos de selección sean completamente transparentes.
Por otro lado, es importante considerar no sólo lo aspiracional, sino la capacidad. Lo esencial no es quién quiere ser candidato, sino quién puede encabezar un proyecto antagónico al régimen y lograr que los demás estén dispuestos a respaldarlo. Alguien capaz, además, de atraer a ese sector mayoritario de la ciudadanía que quizá no comulga con los partidos, pero observa con preocupación cómo se han debilitado los contrapesos y los espacios de deliberación democrática, mientras se concentra cada vez más poder en el Estado en detrimento del ciudadano.
Porque una alianza no se construye únicamente con siglas ni con acuerdos entre dirigentes: se construye cuando quienes pierden la candidatura tienen razones para sumarse y cuando quienes no militan en los partidos encuentran razones para votar por ella. Ahí estará la verdadera prueba de PRI y PAN en Colima.
Dos puntos
Un gobierno democrático debería ampliar las libertades, no restringirlas. Por eso conviene ser rigurosos cuando se plantean reformas que afectan derechos políticos. El 27 de agosto, Claudia Sheinbaum envió una iniciativa para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tengan únicamente la nacionalidad mexicana o renuncien a la otra antes de solicitar su candidatura.
Es cierto que la iniciativa no elimina la doble nacionalidad. Pero sí plantea una consecuencia jurídica concreta para quienes la poseen: si desean competir por determinados cargos de elección popular, tendrían que renunciar previamente a su otra nacionalidad.
Una cosa es reconocer el derecho a tener doble nacionalidad y otra condicionar su ejercicio político: hasta hoy, un mexicano con doble nacionalidad podía competir por esos cargos conservándola; con la reforma, puede seguir compitiendo, pero solo si renuncia a ella. Serán pocos los que aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX, pero el número no cambia la naturaleza de la medida: es una condición nueva sobre un derecho político que antes no existía. Y eso, por más acotado que esté, es restringir, no ampliar.
