TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
Fíjense ustedes que la pandemia ha entorpecido diversas actividades que tienen que ver con los derechos humanos. No como anillo al dedo le ha caído esa crisis a tribunales y dependencias gubernamentales que cancelaron actividades por mucho tiempo ante el temor de contagio, situación que ha resultado en el diferimiento de procesos jurídicos, de por sí estancados.
Si altas autoridades de cualquier entidad pueden controlar un congreso y hasta un poder judicial, qué no podrán hacer en Juntas laborales y otras oficinas en litigios donde tiene interés el Estado. Puramente, aquellas dictan línea para retardar acuerdos y es hasta posible que deseen, por la tardanza criminal que caracteriza a los juicios, la declinación o hasta la muerte de trabajadores que han demandado a los patrones por despidos injustificados o por la falta de cumplimiento en general de los patrones.
Déjenme decirles que la justicia laboral es inexistente en nuestro país. Tiene precio. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje están lejos de ser lo que en teoría representan: una opción real de justicia. Los trabajadores han de afrontar los juicios en desventaja, sin recursos económicos para costear el pago de abogados; luchan contra un poderoso contrincante (el gobierno), o contra patrones – empresarios, que tienen el dinero y los argumentos para retardar juicios valiéndose de mil patrañas y que cuentan con la complicidad de las Juntas.
Es por ello que me llamó la atención una iniciativa del senador morenista Ricardo Monreal para modificar el Artículo 17 Constitucional con el fin de garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC).
En su propuesta, el coordinador de Morena en el Senado expuso que la pandemia por Covid-19 “plantea la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicasen procesos que requieren de celeridad, transparencia y eficacia, como es el caso de las disputas que se debaten en tribunales”.
Detalló que, en los últimos meses, el uso de TIC se ha vuelto esencial para el día a día, ya que su uso ha suplido con eficiencia y seguridad a las actividades presenciales en tiempos de pandemia.
El artículo 17 de la Constitución indica que el Estado tiene la obligación de impartir y administrar justicia. Sin embargo, dice el legislador, “uno de los efectos de la crisis sanitaria, dados los riesgos que conlleva para las personas, ha sido la suspensión de la actividad jurisdiccional”.
Al respecto, explica, diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidashan recomendado adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia.
Monreal Ávila aseguró que el uso de las TIC en el sistema de justicia acarrea diversos beneficios como el ahorro de recursos, la celeridad en la gestión de trámites, así como ventajas en términos de accesibilidad, transparencia, ecología, imparcialidad y seguridad.
Ahí está pues una iniciativa que puede prosperar y hacerse ley. Urge terminar con la injusticia laboral que anula el derecho humano al trabajo y somete a trabajadores indefensos a situaciones límite, a renunciar a prestaciones diversas y a una vida mejor para ellos y sus familias.
Muchas políticas pueden implementarse para favorecer la justicia laboral, para que sea pronta y expedita. Tiene que vigilarse la actuación de funcionarios de las Juntas que pueden retardar los juicios a conveniencia y hacer cosas sucias por instrucciones de altos funcionarios, como pueden ser los gobernadores.
Morena acertaría con la iniciativa monrealista. Los tiempos han cambiado y las instituciones tienen que modernizarse y adecuarse a la nueva realidad. Pero sobre todo, garantizar la justicia en los centros de trabajo. JUSTICIA TARDÍA, JUSTICIA DENEGADA..