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México.- Ayer, un juez concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes acusados de pederastia y abuso sexual contra la menor de edad Daphne Fernández, el 3 de enero de 2015 en Veracruz.
De acuerdo con información de PROCESO, el Juez Tercero de Distrito de Veracruz estimó que el delito de pederastia imputado a Diego, de 21 años, no quedó fehacientemente comprobado, por lo que otorgó el recurso contra la formal prisión que le dictaron el pasado 23 de enero por ese delito.
Conforme a la sentencia del amparo 159/2017, el juez Anuar González Hemadi concluyó que la Fiscalía de Veracruz no acreditó diversos elementos del delito de pederastia, como son el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual.
Cabe recordar que Cruz fue extraditado de España –donde fue detenido en junio de 2016–, y recluido en la cárcel de ‘El Penalito’, en Veracruz.
AHORA PIDE QUE LO SAQUEN DEL CASO
Sin embargo, según se lee en el portal de Internet MILENIO, el juez Tercero de Distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, pidió ahora que lo saquen del caso debido a los ataques contra su esposa e hijas; sin embargo, falta que un tribunal acepte retirarle el asunto.
El juzgador se declaró impedido para continuar revisando este asunto, en el que Enrique Capitaine también solicitó que se eche abajo el auto de formal prisión dictado en su contra.
A través de un acuerdo emitido hoy públicamente, y que después fue retirado de listas, el juez argumentó que se encuentra impedido para seguir con el asunto ante el linchamiento social por la resolución dictada a favor de Diego Cruz, situación que lo ha puesto en una situación vulnerable como juzgador porque están atacando a su familia.
Funcionarios federales dejaron claro que no basta con que el juez se declare impedido para continuar revisando los amparos solicitados por Diego Cruz y Enrique Capitaine, ya que esta medida sólo puede ser calificada por un tribunal colegiado; hasta el momento se desconoce si el acuerdo que fue retirado de la lista ya fue firmado y enviado al tribunal de alzada.
Su postura se da en momentos en que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se encuentra hoy sesionando y analizando el caso del juzgador, ante la ola de comentarios adversos que ha provocado su sentencia a favor de Diego Cruz, quien el pasado 19 de enero fue extraditado de España a México.
En su acuerdo, el juez señala los motivos de su impedimento: “manifiesto que a partir del dictado de la sentencia en el juicio de amparo 159/2017 del índice de este Juzgado, seguido en contra de un coinculpado del ahora quejoso , y a partir de la publicación esta semana de la nota periodística de la misma, se ha venido en contra de mi función diversos ataques por parte de los medios masivos de comunicación, sobre todo en redes sociales, donde se ha hecho alusión a mi persona como el sobrenombre del juezporky”.
Aunado a ello y bajo protesta de decir verdad, lo cual es un hecho notorio para los integrantes de este cuerpo colegiado, diversos medios de comunicación y en redes sociales, han hecho una exposición masiva, no solo de mi persona, sino también hacía mi esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional en mi función de juzgador federal.
“Acorde a ello, es por lo que considero que al día de hoy y ante esas circunstancias que se presentaron a partir de la emisión de la sentencia emitida en el juicio 159/2017 del índice de este juzgado, el cual guarda íntima relación con el juicio por el cual ahora me decreto impedido al ser coinculpado, y donde no sólo existen ataques a mi vida personal, sino también a mi vida privada, relacionados con mi esposa e hijas, es por lo que el suscrito bajo protesta de decir verdad en el seguimiento del presente juicio de amparo y en el dictado de la sentencia no podría cumplir con las máximas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en velar por la imparcialidad y objetividad de la misma, dadas las peculiaridades que se han presentado en contra de mi función”, indica.
Anuar González Hemadi consideró que se ubica en el supuesto de la fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146, fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “al existir medios objetivos y fácilmente perceptibles de los que se desprende bajo protesta de decir verdad la posible pérdida de imparcialidad y objetividad del suscrito, atendiendo precisamente al escarnio social que se ha hecho no solo en contra de mi persona como funcionario público, sino también en contra de mi familia y mis menores hijas”.
“Tan es así, que ello se ve robustecido con la circunstancia, de que cualquier sentencia que el suscrito dictaré ya sea a favor o en contra del quejoso en el presente sumario, en caso de ser negativa o sobreseimiento de amparo podría llegarse a pensar que fue derivado de precisamente de la situación social o exposición mediática del suscrito y mi familia a los medios de comunicación, y en caso contrario, de concederse el amparo, de nueva cuenta se sujetaría al escarnio social como ha sucedido en este momento tanto al suscrito como a mi familia”, detalla el acuerdo.