Inicia el proceso de recepción de declaraciones patrimoniales en el Estado

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*Se esperan más de 17 mil 488 declaraciones patrimoniales en el estado de Colima. *Están obligados a hacerlo todos los servidores públicos indistintamente si es sindicalizado, de confianza, supernumerario; si es servidor público que recibe recursos públicos deben hacerlo.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.-  Desde el primer minuto del 1 de mayo y hasta el 31 de este mismo mes, la Contraloría General del Estado llevará a cabo el proceso de recepción Declaración Patrimonial y de Intereses de modificaron 2023 de trabajadoras y trabajadores adscritos al Poder Ejecutivo Estatal, considerando que serán más de 17 mil 488 personas las que presentaran este documento.

Isela Guadalupe Uribe Alvarado, titular de dicha dependencia estatal, dio a conocer que el año pasado se recibieron casi el 94% de las declaraciones de las personas obligadas a ello.

Informó que el año pasado a quienes no presentaron este documento se les está abriendo un proceso de apertura de responsabilidades, el cual podría llegar a “emitir un dictamen de extinción del contrato”.

Guadalupe Uribe mencionó que el 6% de los servidores públicos que no cumplieron con la presentación de su declaración el año anterior, representan un universo de “poquito menos de mil personas, más o menos”.

Dijo que todo el personal adscrito al Gobierno del Estado “tiene la obligación de presentar esta declaración patrimonial”.

La recepción de las declaraciones se recepcionarán a través de la plataforma digital www.declaranet.col.gob.mx, señalando que de acuerdo a la proyección que tienen de acuerdo a la información de los entes y de Capital Humano, de 17 mil 488 declaraciones y están obligados todos los servidores públicos indistintamente si es sindicalizado, de confianza, supernumerario; si es servidor público que recibe recursos públicos deben hacerlo.

La Contralora General del Estado, dijo que en aquellos casos donde haya personas que incumplan con esta obligatoriedad, pueden ser sujetos a un procedimiento para dejar sin efecto su contrato y se le abre un proceso de responsabilidad administrativa.