Lo anterior se dio durante la maratónica sesión ordinaria que celebraron los diputados el día miércoles y que se prolongó hasta entrada la mañana del siguiente día, en donde las sanciones al ex edil tecomense fueron resultado de la calificación a las cuentas públicas del segundo semestre del 2005 y del primer semestre del 2006.
Con 14 votos a favor, la fracción del PRI salió adelante con estos dictámenes con el apoyo de los legisladores perredistas quienes respaldaron dicha sanción a Elías Martínez y en la que también se respaldo aprobar sanciones e inhabilitación para la ex-tesorera Martha Valenzuela Verduzco por 12 años y una acción resarcitoria de 2 millones 769 mil pesos.
Por mayoría los legisladores acordaron sancionar también a 27 ex funcionarios en la cuanta del segundo semestre del 2005 y 17 más ex funcionarios en la cuenta del primer semestre del 2006.
Durante el desarrollo de la sesión pública ordinaria número tres, correspondiente al segundo periodo de sesiones del segundo año de Ejercicio Constitucional, los diputados aprobaron estos dictámenes, fundamentándolos en daños a la hacienda municipal de ese municipio, como la mala ejecución de obra pública, pago de servicios inexistentes, entre otras acciones violatorias de la ley.
Cabe hacer mención que estas sanciones fueron presentadas por la Contaduría Mayor de Hacienda y turnadas a la comisión de responsabilidades para su análisis.
Fue pasado de la 1:30 de la mañana cuando se terminó la lectura del dictamen (por espacio de más de cinco horas) por el que se declara concluido, en forma extemporánea, el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del ejercicio fiscal 2005 del ex alcalde Elías Martínez, para después paso a los posicionamientos de las diversas fuerzas políticas al interior de la actual legislatura.
Aquí, los de la fracción del PAN, a través de su coordinador Enrique Michel Ruiz, señaló que era una actuación con dolo e ineptitud por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda la elaboración de dicho dictamen.
De la misma manera, expuso su posicionamiento el panista Fernando Ramírez González, quien señaló que los priistas cuestionan que Elías Martínez desvío 50 millones de pesos, cuando los dos dictámenes no suman esta cantidad, por lo que señaló que no hay desvió ni robo de estos recursos.
En contraparte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el diputado priista Francisco Ánzar, expuso que la propuesta de sanción es la adecuada, puesto que justificó que no se entregó por parte del ex alcalde los documentos necesarios para hacer la calificación de las cuentas públicas, haciendo hincapié en que se utilizaron todas las excusas para no entregarla ante esta instancia y no ser calificados.
En lo que fue el caso de dichos dictámenes se derivó una discusión entre el panista Fernando Ramírez y el priista Flavio Castillo, porque a decir del segundo, se hizo un desvío de 50 millones de pesos por parte de Elías Martínez, mismos que le fueron entregados por el entonces presidente de la República Vicente Fox.
Fue así que Fernando Ramírez, acusó que fue precisamente el actual alcalde Juan Carlos Pinto, quien utilizó estos recursos y él si hizo un desvió, ya que hasta el momento “no sabe en donde quedaron”.
Durante la sesión ordinaria que se prolongó hasta casi las cinco de la mañana de este jueves, los diputados desecharon y archivaron los dictámenes de juicio político en contra de los ex magistrados del tribunal electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, Eduardo Jaime Méndez, Gonzalo Flores Andrade y Roberto Cárdenas Merín
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Previo a lo anterior, los legisladores de las diversas fracciones aprobaron varios dictámenes para otorgar pensión por jubilación, por invalidez, por vejez y por viudez, además de una iniciativa del gobernador Silverio Cavazos Ceballos, a fin de autorizar la desincorporación del patrimonio inmobiliario del gobierno del estado, de un terreno con superficie de 17,073.34 metros cuadrados, ubicado en Cofradía de Suchitlán y al que se le autoriza donarlo a título gratuito a favor del Instituto de Vivienda del Estado de Colima, a fin de que se escriture a los habitantes de La Yerbabuena que fueron reubicados en el citado terreno.