Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Si la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo termina siendo bateada —como todo apunta que sucederá—, la pregunta obligada es si el oficialismo optará por un camino alterno: el ya conocido plan B legislativo.
La experiencia reciente ofrece un precedente claro. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al no contar con la mayoría calificada para modificar la Constitución, el Ejecutivo impulsó cambios a leyes secundarias que eran anticonstitucionales. Así ocurrió con las iniciativas en materia eléctrica y electoral. Morena utilizó su mayoría simple en el Congreso para aprobar modificaciones que terminaron contraviniendo nuestra carta magna.
Aquellas decisiones provocaron acciones de inconstitucionalidad que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ese momento —bajo la presidencia de Norma Piña— resolvió preservar el orden constitucional, frenando varios intentos del Ejecutivo por imponer reformas por la vía secundaria que desvirtuaban la constitución.
De ahí provino la abierta confrontación entre el presidente y el máximo tribunal. Y todo porque la Suprema Corte funcionó para lo que está diseñada constitucionalmente: como un contrapeso. Por eso la posterior reforma judicial impulsada ya en el gobierno de Sheinbaum, que terminó por destruir el equilibrio institucional y anular la autonomía del Poder Judicial.
Hoy la nueva integración de la Corte carga con la impronta política del oficialismo. Ministros y ministras llegaron al cargo tras un proceso electoral cuestionado, marcado por denuncias de intervención partidista y por el uso de los llamados “acordeones”.
Lo irónico es que los primeros afectados podrían ser los propios aliados de Morena. El Partido del Trabajo y el Partido Verde pueden votar en contra de una reforma constitucional, pero si Morena decide repetir la fórmula del plan B —modificando leyes secundarias con mayoría simple— sus votos ya no serían necesarios. El poder que ayudaron a concentrar podría terminar operando en su contra.
Ahora bien, el verdadero examen no será legislativo, sino judicial. Si las leyes secundarias contradicen la Constitución, la Corte deberá pronunciarse. Y ahí se verá si el máximo tribunal está dispuesto a defender la Carta Magna o si se limitará a respaldar las decisiones del poder político. Esa será su prueba de fuego. Ahí se sabrá si los ministros del acordeón están para proteger la Constitución o para “legitimar” jurídicamente los intereses del régimen.
Dos puntos
Faltando más de un año para la campaña electoral, ya algunos actores políticos, con cargos públicos, comenzaron a realizar actos que se configuran como violaciones a la normativa electoral. ¿Y el juez electoral? Ni sus luces ¿Habrá sanciones contra quienes violan la ley?
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.