Por: Manuel Olvera Sánchez
Dentro de los criterios que utilizan las organizaciones gubernamentales internacionales, como lo es el Banco Mundial (BM), para evaluar las acciones de gobierno llevadas a cabo por los países en el combate a la pobreza y la pobreza extrema se encuentra la cantidad de recursos provenientes del Producto Interno Bruto (PIB) que aplican en educación, vivienda, alimentación, salud, seguridad social.
Cuando una persona padece al menos de uno de los indicadores utilizados por el BM podemos decir que se encuentra catalogado como en pobreza, sin embargo cuando padece con dos o más de estos indicadores encuadra en el supuesto de pobreza extrema, situación totalmente desfavorable, ya que no tiene acceso a las necesidades más básicas para una vida digna.
Vale recordar que el PIB es un indicador económico que nos revela el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un año por determinado país, entonces es importante que en la medida que este se vea incrementado, en esa medida cada nación estará en condiciones de generar políticas publicas enfocadas al combate a la pobreza y pobreza extrema, máxime que esto propicia una competencia internacional favorable para los países que trabajan bajo esa visión ambiciosa.
Una de las tareas que contribuyen en gran medida a generar condiciones económicas favorables para el combate a la pobreza y pobreza extrema es el de recaudar ingresos ya que con base en ellos las naciones cuentan con los recursos económicos que permiten disminuir la brecha social derivada de las malas decisiones de los gobernantes en turno al discriminar con base en prerrogativas contenidas en la ley y exentar de su pago a grandes capitalistas.
Son contadas las acciones que pueden ser consideradas como importantes (y detestadas al mismo tiempo) como lo es el pagar impuestos. Precisamente a nadie nos gusta que nos impongan obligaciones, sin embargo en el caso particular de los impuestos se debe privilegiar su cumplimiento con base en la importancia que representa para cualquier sociedad que persigue condiciones propicias para un sano desarrollo.
Y pareciera que no nos gusta pagar impuestos derivado del mal uso que se hace de los recursos públicos, tal como lo registra la historia de la clase política: los recursos obtenidos por la recaudación en gran medida van destinados a sostener la calidad de vida de los gobernantes en turno, dejando a un lado las múltiples necesidades que demandaba la sociedad.
En el caso particular de nuestro país, la Constitución Política si bien es cierto que es en ella donde se establecen las múltiples obligaciones y derechos con los que cuenta la sociedad mexicana, también es cierto que establece ciertas prerrogativas que están a la libertad del gobernante en turno hacer uso o no de ellas con las consecuencias que ello derive para la economía del país.
El pasado martes, el Congreso de la Unión, a través de una votación con mayoría calificada aprobó una reforma a la Constitución la cual va perfilada precisamente a eliminar una de las inmensas prerrogativas mediante la cual se facultaba al presidente en turno a hacer exenciones en el pago de impuestos, situación que generaba condiciones desfavorables entre los empresarios, ya que se llevaban a cabo acciones de discriminación: mientras algunos cumplían a cabalidad con su obligación de contribuir al gasto público, otros eran omisos ya que al contar con la amistad del presidente en funciones no cumplían con lo mandatado en la Constitución.
Tan solo en los dos sexenios que antecedieron al actual Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fueron beneficiados 153 mil 530 contribuyentes con daños a la hacienda pública nacional por la cantidad de 400 mil 902 millones de pesos, situación que propicio disminuir acciones de gobierno en beneficio de las mayorías y beneficiando a unos cuantos.
Durante su participación en tribuna en el momento que se estaba discutiendo el proyecto de reforma a la Constitución, el Legislador Federal colimense Mario Delgado fue contundente en su participación al señalar que fue una solicitud de AMLO al poder legislativo eliminar esa facultad con la cual contaba el presidente de la república para condonar favores fiscales a los grandes capitalistas.
Mario Delgado señaló que hoy en día México cuenta con un gobierno que ya no dedica la mayor parte de los recursos públicos al despilfarro, al financiamiento de lujos o privilegios o de una burocracia dorada; México cuenta con un gobierno que cuida los recursos públicos a través de una austeridad republicana y absoluta transparencia.
Bajo una visión de gobierno preocupada por las mayorías, el legislador federal colimense puntualizó que: “el gasto público se dedica a lo que realmente importa que son los mexicanos, no podemos aumentar los impuestos hasta no estar seguros que se está cobrando bien y segundo que todos estemos pagando lo justo”.
Evidenciando una total congruencia política y comprometido con establecer condiciones que propicien el desarrollo económico del país y derivado de esto estar en condiciones de establecer políticas publicas perfiladas a acortar la desigualdad social que ha ido en incremento en nuestro país, AMLO renuncia a esa facultad constitucional anteponiendo el interés de los mexicanos por encima de unos cuantos, lo anterior habla de una forma diferente de concebir el servicio público como lo visualiza el actual mandatario federal.
La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.
Facebook: manuel olvera
Twiter:@manolsa