Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Federación de Sindicatos de Ayuntamientos, Organismos Descentralizados y Gobierno del Estado de Colima, pidió a la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva, presente ante el Congreso del Estado una propuesta para modificar la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado, así como la Ley Burocrática Estatal.
De acuerdo al dirigente sindical, Audelino Flores Jurado, acompañado de demás líderes burócratas, estas Leyes como se encuentran en este momento son lesivas a los intereses de la clase trabajadora.
“Hemos solicitado respetuosamente a la señora gobernadora una reunión y le pedimos por este medio que se agilice para enviar al congreso del estado esas modificaciones y se pueda beneficiar a la clase trabajadora”.
Explicó que desde la creación de esta Ley, quienes integran la federación mostraron inconformidad por situaciones que observaron en la reglamentación que tendía a perjudicar a las y los trabajadores.
Hizo mención que dentro de las inconformidades es el que ahora sea el Ipecol quien jubile y pensione a los trabajadores, cuando antes era una responsabilidad de la entidad pública.
Además que el Ipecol cobra altas tasas de interés a los trabajadores que les otorga un crédito, cuanto el dinero es los propios trabajadores.
“Se cobra casi un 16%, si el recurso que hay en Ipecol es de los trabajadores, no tiene por qué cobrarles tanto de interés, y está cobrando más que el banco, más que las cajas populares y otras instituciones crediticias”.
Flores Jurado expuso que trabajan en una propuesta sobre reformas a la Ley Burocrática Estatal, en donde consideran deben modificarse alrededor de 72 artículos de esa legislación, ya que consideran que no está acorde a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo y otras reglamentaciones, como está deja a las y los trabajadores en estado de indefensión.
Se manifestaron en desacuerdo en el tema de los salarios caídos, pues de acuerdo a la ley se debe pagar solo lo correspondiente a un año, cuando hay juicios que en los tribunales duran hasta 6 años.